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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Anticorrupción rebaja su petición de pena a Costa y los que confesaron la financiación ilegal del PP valenciano

A Costa le reduce de 7 años y 9 meses a 4 años y 3 meses, mientras que a Correa, de 22 a 7 años y 3 meses

La fiscal lamenta que la colaboración no hubiera llegado en 2010 para poder acusar a otras personas

Ángeles Vázquez

Ricardo Costa en su reciente comparecencia en una comisión de investigación de Les Corts

Ricardo Costa en su reciente comparecencia en una comisión de investigación de Les Corts / MIGUEL LORENZO

La fiscalía Anticorrupción ha modificado sus conclusiones provisionales y ha pedido al juez Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que condene al cabecilla de la trama GürtelFrancisco Correa, y al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, así como al resto de acusados que confesaron la financiación ilegal del PP valenciano por penas muy inferiores a las que solicitaba inicialmente. La acusación que ejerce los socialistas valencianos también han rebajado su petición, pero no de forma "tan generosa" como la fiscal, según expresó su abogada, Gloria de Pascual

Anticorrupción mantiene la existencia de los mismos delitos por los que acusaba inicialmente, delitos electorales por las elecciones municipales autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, pero a Ricardo Costa, por su confesión en el juicio, por ejemplo le rebaja de una petición inicial de 15 meses por cada uno de ellos a seis meses. Ello supone que de 7 años y nueve meses de cárcel propuestos para él, la fiscalía los reduzca a cuatro años y tres meses.

Durante su informe, la fiscala Myriam Segura no ha mencionado en ninguna ocasión al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps. Eso sí, en un momento determinado ha dicho "respecto de otras personas que no se encuentran aquí, habría sido muy agradecer, no solo por la fiscalía, sino por la ciudadanía, que algunas cosas se contaran en 2010" y no durante el juicio que fue cuando decidieron confesar los principales acusados.

Los únicos que lo habían hecho con anterioridad fueron empresarios acusados: Enrique Ortiz, José Francisco Beviá, Alejandro Pons, Vicente Cotino, Antonio Pons, Enrique Gimeno, Rafael Martínez Berna, Tomás Martínez Berna, y Gabriel Batalla. Como todos ellos aportaron justificantes de abono de las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos, la pena es la misma que se pedía inicialmente para ellos, que ya era inferior a dos años de cárcel sustituible por multa.

Rebaja más generosa

La fiscalía ha aplicado a Correa la atenuante de reparación del daño, al haber abonado 2.060.748 euros desde su cuenta del Credit Suisse en Suiza, ingreso del que se tuvo constancia durante la sesión y que llevó al magistrado a interrumpir al abogado del Estado para comentárselo. También se le aplicó la de confesión a todos los delitos, pese a lo que tardó en colaborar. La primera se circunscribió a los cometidos contra la Hacienda pública cometidos por la filial de su grupo empresarial en Valencia, Orange Market.

A él es a quien más pena se le rebaja. De los 22 años de cárcel a los que se enfrentaba la petición fiscal se ha quedado reducida a siete años y nueve meses. La rebaja es "tan generosa", como decía la acusación de los socialistas, que su defensa se adhirió salvo en un único punto en el que pidió que se le aplicara un nuevo atenuante.

De esta forma la petición de pena para Correa es muy inferior a la de su subordinado, Álvaro Pérez, para el que solicitaba 27 años de cárcel y ahora pide 16 años y medio de cárcel, pese a que durante su declaración en el juicio responsabilizó al expresidente valenciano Francisco Camps de la financiación ilegal del partido en esa comunidad. Para el número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, de una petición inicial de 22 años ahora se reduce a 13 años y medio.

El que fue asesor fiscal de Correa, Ramón Blanco Balín, el empleado de la trama Cándido Herrera, y los exdirigentes del PP valenciano David Serra, Vicente Rambla y Cristina Ibáñez no reconocieron los hechos juzgados, por lo que prácticamente no han visto modificada la petición de pena. 

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