Los exmiembros de la Mesa del Parlament se remiten ante Llarena a la inviolabilidad parlamentaria

Cuatro de los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena Pablo Llarenase han remitido a la inviolabilidad parlamentaria para defender que permitieran la tramitación de las leyes de desconexión en la Cámara catalana. Según explicó el propio Lluís Guinó a los medios, tanto él como Anna Simó y Lluís Maria Corominas se han limitado a ratificar la declaración que prestaron ante el magistrado en noviembre, por lo que su comparecencia apenas se prolongó unos minutos. Joan Josep Nuet, que protagonizó la declaración más extensa al responder a todas las partes menos a la acusación que ejerce Vox, sostuvo que al votar en contra de ambas leyes no desobedeció al Tribunal Constitucional.

Guinó explicó que la Mesa del Parlament ejecutaba actos de trámite parlamentario y que eso les protegía o creían que estaban protegidos por la inviolabilidad parlamentaria. Salvo la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, procesada por rebelión, la decisión de la Mesa de permitir la votación de las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica hacia la república catalana le supuso a todos sus miembros el procesamiento por desobediencia. Guinó, Simó y Corominas, según el primero, pedirán el levantamiento de sus medidas cautelares, en concreto, la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y la retirada de pasaporte. Ramona Barrufet, que alegó problemas médicos, comparecerá el próximo día 21 por videoconferencia desde los juzgados de Lleida.

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Críticas a la querella

El diputado Catalunya En Comú-Podem explicó que la querella que dio origen al procedimiento por rebelión, malversación o desobediencia "adolece de conocimiento de cuáles son los mecanismos parlamentarios en los que se debaten ideas políticas que cuando se convierten en leyes pueden ser suspendidas  por el Tribunal Constitucional". En su opinión, en este caso se ha modificado la tradición parlamentaria de los últimos 40 años, al introducirse "el debate previo y la constitucionalidad previa".

Argumentó que "los miembros de la Mesa de un parlamento no son expertos constitucionalistas y pueden facilitar trámites que después pueden ser suspendidos". En su opinión, si las suspensiones se acatan, no puede acusarse de querer desobedecer al Constitucional. "Solo pueden serlo a posteriori, cuando no hayan aceptado las sentencias del Constitucional, lo que no ha sido el caso", agregó para criticar a los jueces por no conocer el funcionamiento del sistema democrático".