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EL FIN DE ETA

Los juristas piden acabar con la dispersión de los presos etarras

Una vez finiquitada la banda, no ven lógico continuar con una política destinada a debilitarla

Unos piden estudiarlo caso por caso y otros, anular del todo las medidas de alejamiento

Patricia Martín

Asistentes al acto disolución de ETA en Cambo-Les-Bains, en la puerta del palacio de Arnaga.

Asistentes al acto disolución de ETA en Cambo-Les-Bains, en la puerta del palacio de Arnaga.

"Si ETA dejara de existir, es evidente que el Gobierno podría replantearse la política de dispersión". Esta reflexión no la expresó un miembro del PNV o de los colectivos de apoyo a los presos etarras, sino Jorge Fernández Díaz, el anterior ministro del Interior. Su sucesor, Juan Ignacio Zoido, ante la cercanía al fin de ETA, añadió a su llegada al poder algunos requisitos más, como que los reclusos pidieran perdón, se arrepintieran y esclarecieran los crímenes pendientes, pero la disolución de la banda siempre fue su exigencia principal. Si bien ahora que la organización dice que ha enfundado para siempre sus armas y sus coacciones, el Ejecutivo se resiste a cambiar la política penitenciaria. Cualquier gesto que pueda enfrentarle con las víctimas del terrorismo o con Ciudadanos, que exige firmeza, ante un panorama de debilidad parlamentaria, podría atenazar aún más a Mariano Rajoy.

Sin embargo, desde el ámbito judicial, los especialistas consideran llegado el momento de empezar a poner punto y final a la política de dispersión penitenciaria que en 1989 inauguró el Gobierno socialista con los siguientes objetivos: debilitar a ETA, dificultar las consignas de la cúpula terrorista a su 'frente de makos' y buscar vías para que los presos que lo desearan se desvincularan de la organización.

Nueve presos en el País Vasco y Navarra

Fruto de su aplicación, en estos momentos hay 243 etarras en cárceles españolas y solo nueve en prisiones del País Vasco o de Navarra. Otros 16, a menos de 350 kilómetros. El resto, mucho más lejos, lo que supone una segunda condena, según denuncian los afectados y su entorno. Francia (donde hay medio centenar) ya ha dado los primeros pasos para trasladar reclusos a sus lugares de origen, pero España, salvo algunas excepciones -a las que hay que sumar acercamientos puntuales que hubo en algunas treguas-, solo mantiene abierta la llamada 'vía Nanclares', con el internamiento en la cárcel de Zaballa (Álava) de los arrepentidos.

Ante esta situación, los juristas consultados por EL PERIÓDICO, expertos en derecho penal y penitenciario, reclaman acabar con la política de dispersión, al menos de forma generalizada. Así, Jesús Zarzalejos, profesor de derecho procesal de la Universidad Complutense de Madrid y de la CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros) considera que tras el fin de ETA conviene pasar de una política antiterrorista aplicada "en bloque" a otra "individualizada", donde Instituciones Penitenciarias estudie la cuestión "caso por caso" y acerque a aquellos reclusos cuya cercanía al País Vasco favorezca la reinserción y no la radicalidad, para cumplir con el fin de las penas privativas de libertad que marca la Constitución.

Acercamiento "progresivo"

Por su parte, Enrique Sanz Delgado, profesor de derecho penitenciario de la Universidad de Alcalá, considera que el acercamiento tendría que ser "progresivo" y solo de aquellos etarras que cumplan con los requisitos que marca la ley para favorecerse de un proceso individualizador, cumpliendo con los preceptos establecidos en la normativa penal y penitenciaria. También el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País VascoJuan Luis Ibarra, se ha mostrado públicamente a favor de "repensar" la política penitenciaria.

De forma más contundente se expresan el penalista Joan Queralt y el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Javier Álvarez. El primero considera que la dispersión "carece ahora de todo sentido" e incluso es "opinable que haya sido efectiva". El segundo tacha esta política de "castigo excesivo" y considera que con el nuevo escenario no se adecúa ni a las "necesidades penitenciarias" ni a la conveniencia de "reprimir" a una banda que ha dejado de existir. Ambos opinan, además, que si el Gobierno no mueve ficha, serán los tribunales los que empiecen a dar la razón a los etarras en sus peticiones de ser acercados a sus lugares de origen.

Etxerat confía en Estrasburgo

En este sentido, Etxerat, la asociación de familiares de etarras, espera que el Ejecutivo español, al igual que Francia, sea el que acabe con una "política de excepción". De no ser así, avisa de que continuará con sus recursos ante la justicia y, más que en los magistrados españoles, confían en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene ya sobre la mesa varios litigios, les dé la razón.

En este sentido, el profesor de derecho penal de la Universidad de ComillasJulián Ríos, apunta que la finalidad de la dispersión basada en facilitar la autorreflexión deja de tener ya fundamento; así como que el distanciamiento de los presos de sus familias es una "imposición" que supone su "desocialización", porque dificulta de manera irreversible sus relaciones personales.

Las víctimas, inflexibles hasta que "canten"

Por contra, el constitucionalista Agustín Ruiz Robledo avisa de que por mucho que ETA eche el cierre, el Gobierno sigue manteniendo su capacidad de dictar la política penitenciaria de manera inalterable. "El ordenamiento no cambia", precisa.

Y las víctimas, en términos generales, se mantienen inflexibles. "Casi la mitad de sus crímenes están sin resolver, o cantan o no hay acercamiento", reclama Daniel Portero, hijo del fiscal andaluz Luis Portero, asesinado en el año 2000 y presidente de la Asociación Dignidad y Justicia.

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