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TRIBUNALES

El juicio de las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua queda visto para sentencia

Ninguno de los imputados ha querido hacer uso del turno de última palabra.

El fiscal pide unas penas que oscilan entre los 12 años y medio y los 62 años y medio

Juicio a los acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, en la Audiencia Nacional.

Juicio a los acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, en la Audiencia Nacional. / FERNANDO VILLAR (EFE)

La presidenta del tribunal que ha juzgado a los ocho jóvenes acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en 2016, Concepción Espejel, ha dejado este viernes vista para sentencia la vista oral, que se ha prolongado durante más de dos semanas y un total de once sesiones. Ninguno de los imputados ha querido hacer uso del turno de última palabra.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá tomar la decisión ahora de si la paliza que recibieron un teniente y un sargento de la Benemérita, junto a sus respectivas parejas, la noche del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra responde al tipo penal de lesiones y amenazas terroristas.

Y es que para el fiscal del caso, José Perals, durante el juicio ha quedado probado que lo ocurrido en Alsasua "no fue una pelea de bar", sino una agresión "planificada y organizada única y exclusivamente para agredir a dos guardias civiles y sus parejas con la finalidad terrorista de expulsar" a dicho cuerpo policial de la localidad, en línea con lo defendido por el movimiento Alde Hemendik (Fuera de aquí) y la campaña anual Ospa Eguna, los cuales son, a su juicio, herederos de la "estrategia" de la banda terrorista ETA.

Entre 12 y 62 años de cárcel

Por los mencionados delitos que se imputan a los ocho acusados, Perals pide unas penas que oscilan entre los 12 años y medio y los 62 años y medio de cárcel para Ohian Arnanz, Jokin Unamuno, Adur Ramírez, Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Iñaki Abad y Ainara Urquijo. Los tres primeros llevan más de 500 días en prisión provisional.

El juicio comenzó el pasado 16 de abril en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y se ha alargado durante once sesiones en el que la sala ha podido escuchar las versiones de los acusados, el testimonio de las víctimas así como declaraciones de testigos y peritos, para finalizar con los informes de las acusaciones -además del Ministerio Público, están personadas la Abogacía del Estado en nombre de los guardias civiles, las novias de éstos y las asociaciones Covite y AUGC- y las defensas.

El primer día del juicio fue el turno de los ocho acusados, que únicamente contestaron a las preguntas que les formularon sus abogados. En todos los casos, negaron tener algún tipo de odio o animadversión hacia la Guardia Civil y aseguraron que no participaron en la paliza. De los ocho, siete admitieron haber estado en el bar Koxka y sólo uno dijo haberse ido a casa antes de lo ocurrido y que estuvo durmiendo.

De igual modo, todos negaron pertenecer activamente a los movimientos Ande Hemendik u Ospa Eguna, que defienden la salida de las fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas del País Vasco y Navarra, aunque varios sí han reconocido haber participado en algún acto de los mismos que se han celebrado en la localidad.

"Odio y rencor"

En la segunda jornada, las cuatro víctimas de los hechos pudieron dar su versión de lo ocurrido la madrugada del 15 de octubre de 2016. En unos impactantes testimonios, el teniente y el sargento del Instituto Armado, además de sus respectivas parejas, relataron lo que vivieron esa noche, en la que aseguraron haber temido por su vida.

Además de los golpes recibidos, los dos guardias civiles destacaron que están convencidos de que todos los responsables de la agresión sabían de su condición de agentes aunque esa noche no estuvieran de servicio e hicieron hincapié en la brutalidad de la agresión. El sargento, concretamente, aseguró que "la sensación de odio y rencor" que sintió aquel día "por ser guardias civiles" no la había tenido "nunca".

El testimonio de la novia del teniente, María José N.C., fue el más impactante, entre otras cosas porque, al ser vecina de Alsasua desde que tenía tres años, contó cómo había afectado la paliza a su familia y a su vida en general en el municipio. "Desde aquel día perdí mi vida, mi hogar, todo. Me da miedo volver a Alsasua", afirmó después de relatar con pelos y señales cómo sucedió la paliza así como "el odio y la saña" de los agresores.

Al ser vecina de la localidad -de poco más de 7.000 habitantes-, María José N.C. conocía al menos de vista a todas las personas que frecuentaron el bar Koxka aquella noche y reconoció "al cien por cien" a sus agresores. En realidad, las cuatro víctimas identificaron, ya fueran unos u otras, a todos los jóvenes acusados.

Ideario de ETA 

Para sostener su acusación por delitos de terrorismo, el fiscal alega que los ocho investigados son "herederos" de las ideas y la estrategia que dictó ETA, ya que el hecho de que la banda anunciara en 2011 el cese definitivo de su actividad armada y que los acusados sean muy jóvenes "no impide que todo ese ideario" de conseguir fines políticos con violencia "haya calado" en poblaciones del País Vasco y Navarra.

Según su relato, "aún persiste una herencia de terror que no es sino una prolongación del terrorismo que se ha vivido en España durante 50 años". "Deciden ellos quiénes pueden estar o no en su pueblo. Es lo peor de la naturaleza humana. Es la xenofobia, el fascismo en estado puro. Eso es lo que defienden los supremacistas abertzales", remarcó. A su juicio, este "fascismo" se ve en las pancartas en las que se puede leer Alde Hemendik, un movimiento en el que Perals enmarcó a los acusados Jokin Unamuno y Adur Ramírez.

Una campaña que, según los agentes de la Brigada de Información de la Guardia Civil que declararon durante el juicio, fue instigada por la misma ETA en un manual que se incautó en el año 1999 y que se ha venido traduciendo en actos, manifestaciones y comidas populares, sobre todo a raíz del comunicado de 2011. Una actividad que el fiscal ha denominado "campañas de hostigamiento".

Y en ese "clima de miedo" que, según Perals, impera en Alsasua incluyó el testimonio de un compañero del equipo de fútbol de varios acusados y también amigo de María José N.C., Kenneth Paulette, quien reconoció en el juicio que se sintió "un poco" presionado por los padres de éste para ir a declarar y que, en su opinión, los responsables "fueron a por" los guardias civiles. Eso sí, también exculpó a los imputados asegurando que no les vio pegar.

Es la versión que mantuvieron otros testigos de las defensas, que o bien admitieron que los acusados estuvieron en algún momento en el bar aquel día pero no vieron que golpearan a nadie, o bien aseguraron que la noche de los hechos fue "tranquila" y no fueron conscientes de que tuvo lugar una agresión como la descrita por las víctimas.

Se han "forzado los límites"

La mayoría de las defensas de los acusados cuestionaron el informe de los agentes de la Brigada de Información que vincula a ETA con Alde Hemendik y denunciaron que los hechos ocurridos aquella noche se han "magnificado" para hacerlos "compatibles con la gravedad que exigen los delitos de terrorismo", por lo que opinan que se han "forzado los límites" por parte de las acusaciones para imputar lesiones y amenazas terroristas.

Todos los abogados recordaron el hecho de que cuando el manual fue incautado a ETA los acusados tenían pocos años y que cuando la banda terrorista comunicó el cese de su actividad armada la mayoría tenía apenas 15 años, por lo que descartaron que puedan tener alguna afinidad con la estrategia de la organización.

También criticaron la "desproporción" de las penas de cárcel que solicitan las acusaciones, ya que son "inusitadas" en los tribunales españoles a excepción de "cuando ha habido muertos y balas". "Ni los delitos más graves del Código Penal contemplan estas penas", afirmó un letrado, quien reclamó a los tres miembros del tribunal "justicia", que no "impunidad". "Cuanta mejor justicia en la sentencia, más convivencia", subrayó.

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