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Hacienda embarga 220.000 euros a Òmnium y la ANC

La Agencia Tributaria ejecuta el cobro de una sanción de Protección de Datos

Las entidades aseguran que el embargo es un ejemplo de "persecución política"

Júlia Regué

Agentes de los Mossos custodiando la entrada a Òmnium.

Agentes de los Mossos custodiando la entrada a Òmnium. / ALBERT BERTRAN

La Agencia Tributaria ha embargado 220.000 euros de las cuentas de Òmnium Cultural y la ANC para hacer efectivo el pago de la sanción que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso a las entidades el marzo del 2017. La cuantiosa suma se deriva de una multa de 90.000 euros más intereses y recargos derivados de la negativa de cada entidad soberanista a pagar por considerarla "injustificada".

Según han explicado fuentes de Òmnium Cultural, la entidad disfrutaba de una base de datos inoperativa en Estados Unidos que, a raíz de una modificación legal en la Unión Europea, se vieron obligados a trasladar a Europa. En el tiempo que duró la mudanza de datos, "se practicó un vació legal" que alguien "aprovechó" para denunciarles. Desconocen el denunciante y el origen de esta reclamación.

Recurrieron en aquel entonces la multa ante la Audiencia Nacional pero esto no ha impedido que se haya efectuado el embargo. Desde el primer momento, las entidades soberanistas insistieron en que "no la pagarían" por considerarla "totalmente injusta" y fruto de un "ataque político".

La ANC corrió la misma suerte. En un comunicado, aseguran que la Agencia Tributaria envió cartas a todos los clientes de su entidad notificándoles el embargo, también a los de Òmnium Cultural, algo que achacan a la voluntad de "malmeter su imagen pública" y "redirigir los pagos que hacían empresas endeudadas con la agencia", hecho que impide que la ANC pueda negarse a pagar la sanción. Mediante este mecanismo, ya han devuelto cerca de 20.000 euros.

Ambas entidades prevén ahora recurrir la resolución y el embargo ante los tribunales europeos. 

Vacío legal

Desde Òmnium Cultural insisten en que "nunca han puesto en riesgo datos personales de nadie" y en que la posible ilegalidad "no existe" ya que, en todo caso, en el periodo en el que se sitúa la presunta infracción, había un vacío legal. Asimismo, han lamentado que "el Gobierno español continúe con el intento de debilitarles", ejerciendo una "represión a la disidencia". 

Su vicepresidente, Marcel Mauri, ha señalado que se trata de un "nuevo caso de persecución por motivos ideológicos y políticos". "No tienen suficiente con cerrar a nuestro presidente en la cárcel y con hacer registros cada dos por tres nuestra sede por parte de la Guardia Civil, sino que, además, nos imponen estas multas y embargos, porque creen que así acabarán con nosotros", ha añadido. Frente a esto, ha asegurado que "seguirán defendiéndose" porque su actividad es "legítima y absolutamente democrática". 

La entidad soberanista ya ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos entre sus socios y simpatizantes para costear todo este proceso judicial.

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