Rajoy suspende en pactos de Estado

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Patricia Martín

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Hace 18 meses, Mariano Rajoy se mostró convencido en su investidura de que, debido a la mayoría exigua del PP, esta legislatura se abría "la oportunidad de dar una solución estable a grandes retos como el envejecimiento, el futuro de los jóvenes o la plena igualdad", entre otros. El aspirante auguró que el diálogo estaría lleno de "dificultades" pero se comprometió a "negociar cuanto sea necesario". En este contexto, propuso a la oposición ocho pactos de Estado, de los cuales se podría decir que han salido adelante dos, y el resto están bastante verdes y no se atisba que lleguen a buen puerto. El tiempo dirá si es porque el Gobierno no cede lo suficiente o porque la oposición aprieta demasiado.

La propuesta de Rajoy era ambiciosa. De hecho, el último pacto de Estado de envergadura se firmó en el año 2000, entre José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, para hacer frente al terrorismo de ETA. Aún así, el Ejecutivo ha conseguido que partidos, comunidades y ayuntamientos rubricaran en diciembre un acuerdo global con 200 medidas destinadas a atajar la persistente violencia machista. Si bien, la unidad empieza a resquebrajarse porque Gobierno y oposición difieren del dinero a invertir este año a través de los presupuestos que se están tramitando en las Cortes.

El otro acuerdo propuesto por Rajoy y que ha salido adelante, si bien sin una firma protocolaria, es el que propuso para defender la unidad de España. Cuando el jefe del Ejecutivo se presentó a la reelección era difícil que intuyera que tendría que activar el artículo 155 para cesar un Govern ante la proclamación de la República catalana. Pero, pese a las tensiones, logró el apoyo del PSOE y Cs para la intervención, que aún se mantiene.

A partir de ahí, el resto de pactos están en negociación o ya se han roto, como los de Educación o Justicia. Este último no fue mencionado por Rajoy en su discurso, pero se constituyó una subcomisión en el Congreso que ahora trabaja sin consenso porque Cs decidió abandonarla en febrero –y Podemos dos meses antes- dada la negativa del PP a cumplir el compromiso de que 12 de los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces. 

El plante en educación

Más sonado fue el plante del PSOE a las negociaciones sobre educación, ante el rechazo del Gobierno a invertir un 5% del PIB en 2025, al que se han sumado después todos salvo PP y Cs. De manera paralela, la confederación de padres y madres CEAPA y los sindicatos FE-CCOO, FeSP-UGT y STES han abandonado los trabajos que se siguen en el consejo escolar del Estado, de forma que, de salir adelante nuevas reformas, estas no contarían con el consenso que demanda desde hace años la comunidad educativa para dar estabilidad al sistema.

Tampoco hay de momento acuerdo entre el PSOE y el PP en financiación autonómica, aunque en este caso las diferencias tienen más que ver con las especificidades regionales. Y nadie es capaz de entrever si se llegará a un acuerdo en lo que queda de legislatura, pese a que el ministro Cristóbal Montoro señaló mayo para llevar al asunto al Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante el citado ministro está ahora volcado en las cuentas públicas, una vez que ha logrado pasar el primer examen y tumbar todas las enmiendas a la totalidad, con el inestimable apoyo de PNV y Ciudadanos, entre otros. Le queda aún trabajo pendiente con las enmiendas parciales en el Parlamento y el Senado, pero el trabajo más difícil se da por hecho.

También está inmaduro el pacto de Estado por la ciencia. El presidente propuso llegar al 2% del PIB en I+D+I el 2020 y los socialistas reclaman medio punto más. Si bien, en este caso, el PP al menos, ve posibilidad de acuerdo. Y es que Pedro Sánchez también ha propuesto "diez acuerdos de país", entre ellos uno relacionado con la ciencia, y ha presentado una moción que a ojos de los populares "abre una oportunidad para retomar el pacto".

En cuanto al pacto de Estado de energía, que forma parte del acuerdo de investidura con Cs para aprobar una ley de cambio climático y transición energética, el ministro del ramo, Álvaro Nadal, creó un grupo de expertos integrado por especialistas propuestos por los partidos, el Gobierno y los agentes sociales, pero los socialistas han tachado sus conclusiones, recientemente publicadas, de "demasiado conservadoras". 

Todo abierto

El empleo y las pensiones también figuraban en la lista. Continúan los trabajos en las mesas de diálogo con patronal y sindicatos y el Pacto de Toledo, en el Congreso. Cabe destacar que mientras la negociación política y entre los agentes sociales se ha ido ralentizando por distintos motivos  -entre otras, la renovación en las cúpulas sindicales o las situación en Catalunya-, ha crecido la presión en la calle de los más mayores. Tanto, que han obligado al Gobierno a ir cambiando de discurso sobre la marcha, pasando de que la ley de pensiones no se tocaba a aceptar una primera subida para los mayores que cobraban menos a, ahora, en plena negociación presupuestaria con el PNV, acatar un incremento de mayor espectro a cambio de sacar adelante las cuentas públicas. 

Al margen de lo acordado entre grupos parlamentarios, el Gobierno solo ha pactado con los sindicatos dos cuestiones: la prolongación del actual plan Prepara de ayudas y la subida del 4% del salario mínimo para este año y con el objetivo de llegar a 850 en el 2020, informa Mercedes Jansa.