LA ENDIABLADA LEGISLATURA

Doble revés jurídico a la investidura a distancia de Puigdemont

El Tribunal Constitucional paraliza cualquier intento de otorgar la presidencia por la vía telématica y el Consell de Garanties Estatutàries ve ilegal la reforma normativa de JxCat para que su líder acceda al cargo

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Berlín.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Berlín. / EFE / HAYOUNG JEON

Rafa Julve / Ángeles Vázquez

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Desde Madrid y desde Barcelona. La hipotética investidura telemática de Carles Puigdemont y el intento de modificar el terreno de juego para facilitarla quedaron cortocircuitadas este jueves por partida doble, al menos jurídicamente. El Tribunal Constitucional advirtió al Parlament de que cualquier tentativa de otorgar la presidencia a distancia al líder nacionalista será considerada "nula", pues los magistrados admitieron a trámite el recurso del Gobierno central y prorrogaron así las medidas cautelares que hace tres meses paralizaron el primer intento. Horas más tarde fue el Consell de Garanties Estatutàries el que completó el revés al negar la viabilidad legal de la reforma de la ley de Presidència planteada por JxCat con el apoyo con la boca pequeña de ERC.

La decisión del TC dio algo de aire al Gobierno de Mariano Rajoy, que había encadenado una serie de catastróficas desdichas para sus intereses desde que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein cuestionó la extradición por rebelión de Puigdemont. Con la investidura telemática congelada, en cambio, tiempo le faltó a la Moncloa para jactarse de haber interpuesto un recurso que tuvo "muy pocos apoyos", resaltó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pues cabe recordar que hasta el Consejo de Estado se desmarcó de dicha acción al considerarla prematura.

Pero este jueves el TC dio un punto de apoyo a los conservadores. Y lo hizo utilizando como argumento a su favor la decisión que tomó el presidente de la Cámara, Roger Torrent, de frenar el primer conato de investidura. Los magistrados aprecian que las dudas que pudieron existir acerca de la viabilidad procesal de la impugnación quedaron despejadas por Torrent cuando él mismo aplazó la sesión plenaria hasta que el tribunal se pronunciara.

Advertencia a Torrent

En su auto, el tribunal da 20 días para presentar alegaciones, al tiempo que subraya que "no tendrá valor ni efecto" cualquier acto o resolución que contravenga la resolución acordada y advierte a Torrent y al resto de miembros de la Mesa de su "deber de impedir cualquier iniciativa" que altere lo dictado. También les reclama que se abstengan de "iniciar o tramitar" cualquier actuación que contravenga lo dicho y les apercibe de las eventuales responsabilidades judiciales en las que podrían incurrir.

Pese a ello, poco antes de las seis de la tarde el equipo de prensa de la Cámara catalana informó de que Torrent convocaba un pleno para el 3 y 4 de mayo que incluye el debate sobre la propuesta de JxCat para favorecer una investidura telemática a medida de Puigdemont. Ya se verá si los independentistas mantienen ese punto en el orden del día o si lo acaban retirando como se ha hecho en casos anteriores, pero por ahora ya pueden añadir otra muesca a la cuenta de gestos simbólicos.

Tan simbólicos que ese anuncio de convocatoria plenaria llegó a las redacciones de los medios de comunicación cual la tercera ley de Newton, la de acción-reacción, apenas dos minutos después de que se difundiera el dictamen del Consell de Garanties que cuestiona la reforma normativa propuesta por el grupo de Puigdemont. En ese informe, solicitado por Cs y el PSC, firmado por el exasesor de CiU Àlex Bas y que no es de obligado cumplimiento, los juristas sostienen que "no se cumplen los requisitos" que establece el reglamento del Parlament para que la propuesta se tramite y apruebe por el procedimiento legislativo excepcional de lectura única.

Los letrados subrayan que se vulnera el Estatut y la Constitución y aseveran que la iniciativa, al referirse al procedimiento de investidura, se inmiscuye en una materia que está reservada al reglamento de la Cámara (que no se puede modificar si no hay Govern constituido). Aunque abren una puerta a un uso más normalizado de las tecnologías en las comunicaciones gubernamentales, tampoco ven amparo legal en la posibilidad de que el Govern celebre reuniones fuera de Catalunya y en que el ‘president’ mande desde el extranjero.

Los grupos tienen hasta la tarde del próximo miércoles para presentar enmiendas al texto de JxCat, pero tanto desde el constitucionalismo como desde parte del independentismo se ha redoblado la presión contra Puigdemont. El PSC reclama que se retire la propuesta, ERC espera que el ‘president’ cesado deje de tensar la cuerda "y gire el relato del que se ha convertido en cautivo", en palabras de un dirigente republicano. Y los políticos presos de JxCat han enviado una carta al exmandatario nacionalista para que facilite la constitución de un Govern efectivo, según reveló ‘Nació Digital’. Este mismo jueves, sus correligionarios Elsa Artadi y Josep Costa se desplazaban a Berlín para reunirse con su líder, mientras que Eduard Pujol afirmaba que no renuncian a él y menospreciaba al Consell de Garanties.