AUDIENCIA NACIONAL
El fiscal acusa de terrorismo y fascismo a los agresores de Alsasua
"Lo que estamos viendo en la España del siglo XXI es a gente que pide a otra", cuyo "trabajo no les gusta", que "se vaya de su pueblo. Es la xenofobia, el racismo, el fascismo en estado puro, que es lo que defienden los supremacistas abertzales, impregnados de un nacionalismo trasnochado". Con esta contundencia el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals pidió al tribunal que condene a penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel a los ocho jóvenes acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua.
La única modificación que hizo la fiscalía en su petición de pena se centró en su propuesta de condena alternativa, por desórdenes públicos terroristas, atentado a la autoridad y lesiones, en la que incluyó la agravante de género, por las parejas de los dos agentes. Con este planteamiento, de carácter subsidiario, por si el tribunal no apreciara terrorismo, las penas solicitadas fluctúan entre los seis años y medio y los 17 años y medio de cárcel.
La fiscalía argumenta que durante el juicio se ha comprobado que hay prueba suficiente de que "lo que ocurrió en Alsasua no fue una pelea de bar, ni una trifulca", sino que respondía a una "acción planificada" para expulsar a la Guardia Civil e "infundir terror a los que no piensan como ellos".
Recordó que "ETA no era una mera organización de pistoleros, sino que se trataba de un entramado complejísimo con distintos frentes", incluido el de masas que dinamizaba a la sociedad con, entre otros objetivos, expulsar de Euskadi y Navarra a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Su principal petición de pena se dirige contra Ohian Arnanz, para el que pide 62 años y medio de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas y uno de amenazas terroristas. Para Jokin Unamuno, Adur Ramírez, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, el Ministerio Público pide 50 años de prisión por cuatro delitos de lesiones terroristas, mientras que para Ainara Urquijo solicita 12 años y medio de cárcel por las amenazas terroristas.
Prolongación del terrorismo
Según el fiscal, la paliza se produjo, porque "aún persiste una herencia de terror en el País Vasco y Navarra que no es sino una prolongación del terrorismo que se ha vivido en España durante 50 años".
"Consideramos que si no se aprecia terrorismo en casos como estos retrocederíamos 20 años, a aquellos momentos en los que (las organizaciones juveniles de ETA) Segi, Jarrai y Haika campaban a sus anchas por los pueblos del País Vasco y Navarra y algunos decían que eran cosas de los chicos de la gasolina, de la kale borroka (violencia callejera)", sostuvo Perals.
En su informe, insistió en las declaraciones de las parejas de los guardias que declararon tener "miedo a no poder reconocer que tenían un novio, a no poder pasear por el pueblo en el que querían vivir y a expresarse libremente".
Último vídeo
Respecto al vídeo, en el que se cuestiona la versión de la Guardia Civil sobre la agresión, el fiscal destacó que no hubiera ninguna grabación de la paliza. Las defensas, que solicitan la libertad de los ocho acusados, aportaron esas imágenes junto a sus escritos de defensa, pero no a lo largo de la instrucción, pese a disponer de ellas, ya que las había grabado uno de los jóvenes. "Las imágenes, no digo que hayan sido manipuladas, pero salta a la vista la blancura de esa camisa", dijo Perals, en referencia a la que viste el sargento de la Guardia Civil agredido.
En la grabación, a la salida del bar Koxka, cuando ya se había personado la policía foral para frenar el enfrentamiento, no se ve al teniente que sufrió las lesiones más graves, con una rotura de tobillo. Lo que aparece es cómo un grupo de jóvenes increpa al sargento y gritan que acaba de pegar a una persona y ha reducido a otra. El agente da un manotazo al que graba las imágenes, mientras los jóvenes le gritan: "Tú no vas uniformado y deberías dar explicaciones de lo que has hecho".
"Tenemos miedo"
<span style="font-size: 1.6rem;">La portavoz de las familias de los ocho acusados, <strong>Isabel Pozueta</strong>, tras oír las peticiones de pena, dijo sentir "vértigo y miedo, mucho miedo", informa Efe. </span><span style="font-size: 1.6rem;">"Aquí se ha hablado hoy de miedo. Realmente las familias estamos diciendo que desde hace año y medio estamos sintiendo muchísimo miedo porque no teníamos que estar en un tribunal excepcional como es la Audiencia Nacional y porque las consecuencias de las peticiones fiscales son altísimas", comentó. </span>
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