Cs fuerza al PPC a denunciar al Constitucional el voto delegado de Puigdemont y Comín

El ‘procés’ es una pieza importante en varios tableros políticos. Uno de ellos, y no del que se habla más, es el español. Así como en su día la campaña contra el Estatut del 2006 fue el trampolín para que el PP asaltara la Moncloa, la pugna por ver quién es el mayor defensor de la indivisible unidad patria es uno de los elementos de fricción entre PP, Ciudadanos y un PSOE que no quiere verse encuadrado en la llamada ‘anti-España’.

Como en todo juego de tablero, cada movimiento propio genera uno de ajeno. Verbigracia, la adopción de la posición de Don Tancredo por arte de Mariano Rajoy en relación  a la delegación de voto de Carles Puigdemont y Toni Comín, esto es, la inmovilidad total ("inacción", apunta Cs), tenía como objeto lanzar un guiño al PNV. Una forma de decir que “que haya Govern, antes del 22 de mayo, y se ‘arríe’ el 155 ya solo depende de los catalanes'.

La jugada de Rajoy, evidentemente, mantenía una línea roja insuperable para él y los suyos. Y esta no es otyra que la posibilidad de que el investido sea Carles Puigdemont. Es por ello que el Gobierno sí que no ahorrará esfuerzos, entiéndanse recursos ante el Constitucional, para frenar la reforma de la ley de presidencia catalana que permitirá la elección a distancia del inquilino nominal de la Casa dels Canonges.

El PNV, a lo CDC

Los nacionalistas vascos, en su particular versión del 'peix al cove', han recogido el guante y prometido su apoyo a las cuentas. Pero al mismo tiempo, Ciudadanos ha visto el hueco por donde colarse y marcar perfil. Así, Inés Arrimadas, que ya el martes había exigido al Gobierno que presentara un recurso al TC por ambas delegaciones de voto, lo que conllevaría la suspensión automática de la medida, anunció durante el pleno del Parlament que Cs sí iba a interponer dicha denuncia.

Era obvio que eso no iba a quedar de tal guisa y, así, un par de horas después, fue el líder del PPC, Xavier García Albiol, el que aseveró que su fuerza también iba a presentar un recurso de amparo ante el TC. En nombre del partido, claro está, no en el del Gobierno.

La diferencia es sustancial porque estos recursos, que falta por ver si será finalmente conjunto o no, no acarrean la suspensión inmediata, sino que, de ser preciso, eso solo ocurriría cuando haya fallo. Dicho de otro modo, el recurso del Gobierno cerraría la puerta a una investidura antes del 22 de mayo, mientras que la de los partidos constitucionalistas, no.

¿Y el PSC? En su dinámica de seguir la dirección que marcan PP y Ciudadanos, pero de mantenerse tres pasos atrás, los socialistas solicitaron a la Mesa del Parlament, junto con sus socios constitucionalistas, la reconsideración de la medida adoptada por el alto órgano de la Cámara catalana.  Ya antes de conocer la decisión, que, habida cuenta la mayoría absoluta secesionista, se antojaba desfavorable a sus intereses, el PSC advirtió de que ellos se bajaban en esa estación, y que no interpondrían recurso alguno ante el TC. A diferencia de lo ocurrido con la declaración soberanista del 9 de noviembre del 2015, la que dio inicio al camino que llevó al 1-O.