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MESA DEL CONGRESO

El Congreso estudiará si levanta los 58 vetos del Gobierno

La Mesa aprueba pedir un informe a los letrados para desbloquear la parálisis de la legislatura

El PSOE invoca la reciente sentencia del Tribunal Constitucional para acabar con el filibusterismo

El Periódico / Agencias

Pedro Sánchez en la reunión del grupo parlamentario del PSOE  en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez en la reunión del grupo parlamentario del PSOE  en el Congreso de los Diputados. / JOSE LUIS ROCA

La parálisis de la legislatura puede tener los días contados. La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó este martes pedir a los letrados de la Cámara que elaboren un informe sobre la posibilidad de levantar los 58 vetos que el Gobierno ha impuesto para impedir que se tramiten las iniciativas validadas por la oposición. La medida, solicitada por el PSOE, llega después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional dictaminase que el Ejecutivo no tiene capacidad ilimitada de bloquear leyes alegando que excenden el Presupuesto, sino que debe ser el Parlamento quien decida, en cada ocasión, si es o no preceptivo el veto. 

El PP rechazó en la reunión de la Mesa levantar esos bloqueos de forma retroactiva, como pedían PSOE y Podemos. Finalmente, se aprobó la propuesta de Ciudadanos: esperar hasta que los servicios jurídicos parlamentarios elaboren un informe para dilucidar cómo aplicar la sentencia del TC. 

En lo que va de legislatura, el Gobierno ha planteado 64 vetos, de los cuales tres fueron retirados por el propio Ejecutivo, uno fue presentado fuera de plazo y dos fueron levantados por la Mesa del Congreso, de modo que quedan vivos 58 escritos de disconformidad.

Si están bien fundamentados...

PP y Ciudadanos, que cuentan con mayoría en la Mesa del Congreso (cinco puestos frente a los cuatro que suman PSOE y Unidos Podemos), han venido respaldando esos vetos del Ejecutivo al considerarlos "justificados".

La idea de los de Albert Rivera, verbalizada por su diputada Melisa Rodríguez, es seguir actuando como hasta ahora: si el Gobierno ejerce su derecho de veto, lo fundamenta correctamente y su partido entiende que realmente hay una afectación presupuestaria, lo apoyarán, pero si, por contra, interpretan que la aplicación de la ley será inocua para los Presupuestos, no apoyarán el veto.

Uno de los vetos 'tumbados' por la Mesa fue el relativo a una proposición de ley del PSOE para paralizar el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación (LOMCE). El veto se levantó con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, y el Gobierno planteó un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

Examen real y efectivo

El Alto Tribunal ha resuelto, según recalcan los socialistas en su escrito a la Mesa, que el órgano rector de la Cámara tiene la facultad de pronunciarse sobre los vetos haciendo "un examen real y efectivo" para determinar si la decisión del Gobierno está "expresa, objetiva y suficientemente motivada" y si el aumento del gasto o la aminoración de ingresos que alegue el Ejecutivo se refieren al "Presupuesto en vigor y nunca en relación a presupuestos futuros ni meras hipótesis".

El PSOE sostiene que PP y Ciudadanos han aceptado los vetos gubernamentales sin llevar a cabo ese análisis al que alude el TC porque se han limitado a una "aceptación general" de la potestad del Gobierno de frenar el debate de esas iniciativas alegando criterios presupuestarios.

Vulnera la labor parlamentaria

"La sentencia del TC viene a rechazar la pretensión del Gobierno de convertir su conformidad en un acto exento de control determinante de la capacidad de legislar de las Cámaras parlamentarias, una pretensión que ha afectado gravemente a las facultades del Parlamento, vulnerando el 'ius in officium' de los parlamentarios autores de las iniciativas", subrayan los socialistas.

Por todo ello, el PSOE llevará este asunto a la reunión de la Mesa del Congreso de este martes con el objetivo de que ésta vuelva a pronunciarse sobre los 58 vetos del Gobierno que se mantienen vivos y, en especial, por los que afectaron a leyes presentadas por esta formación.

Entre ellas destacan las relativas a la subida de las pensiones que presentó con el resto de la oposición, la universalización del derecho de asistencia sanitaria, la ampliación de la Ley de Memoria Histórica, la supresión de las tasas judiciales, la bajada del IVA cultural y el fomento del autoconsumo eléctrico.

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