La Guardia Civil acusa a la interventora de la Generalitat de omitir el desvío de fondos para el 1-O

La Guardia Civil ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O, un informe en el que sostiene que la interventora de la Generalitat Rosa Vidal Planellas omitió información cuando se le solicitaron datos sobre determinadas facturas. Entre los casos que incluye figura la campaña publicitaria Civisme (carteles con unas vías del tren y el lema 1-Oct. Referéndum), que negó que estuviera vinculada a la consulta soberanista. Los agentes inciden en que la interventora no activó ningún procedimiento para denunciar que estas acciones podrían constituir una malversación de 2,2 millones de euros. 

Vidal, que fue denunciada por Hacienda a Fiscalía cuando en septiembre se negó a trasladar las cuentas, ha sido consultada al menos hasta el mes de marzo por la Secretaría de Estado de Hacienda en relación con pagos a medios de comunicación, retribuciones y premios concedidos por la Generalitat. Las conclusiones del informe del instituto armado adquieren una especial importancia debido a que cuando el ministro Cristóbal Montoro negó que se hubiera destinado dinero público a la consulta admitió la posibilidad de "un falseamiento de facturas" pagadas a proveedores.

Según la Guardia Civil, la interventora explicó, a requerimiento del juzgado, el sistema de pago que utilizan todos los departamentos de la Generalitat: el Gestor Electrónico de Contratación. Pero, aunque hacía referencia a un anexo con todas las facturas emitidas por Unipost a la administración catalana, no adjuntó esa información. En las naves de esta empresa se intervino material electoral para el 1-O. El instituto armado afirma que, a pesar de los intentos de cobro de una factura por importe de 238.965 euros, tampoco se activó ningún expediente para denunciarlo, lo que podría suponer una "tentativa de estafa". Unipost cobró, según las pesquisas, 979.661 euros de la Generalitat.

Los investigadores incluyen un correo electrónico que prueba la asistencia de Rosa Vidal a un "acto de unidad y compromiso con el referéndum", el pasado 21 de abril, al que también estaban convocados, entre otros, Josep Maria Jové, Natalia Garriga, Pere Aragonés, Josep Lluís Salvadó y el director del Idescat, Frederic Udina. Destacan que la Interventora era la encargada de "velar" por que no se gastase dinero público en la consulta. En el informe referido a los gastos de los observadores internacionales que asumió el Diplocat, la Guardia Civil afirma que Vidal los enmarcó en una estrategia de acción exterior iniciado en 2015.

Profundizar en lo gastado en internet

Por otra parte, la Guardia Civil quiere profundizar en lo gastado por la Generalitat en la página web referendum.cat, para lo que ha solicitado que se le requiera el expediente de contratación e información sobre quién solicitó su apertura, según el acuerdo para crear páginas en internet que firmó el Govern de 20 de enero de 2015. También solicita cualquier documento sobre la contatación y pago de servicios vinculados a esa web para esclarecer los “medios a su alcance” que la Generalitat destinó para el “diseño, previsiblemente con ayuda de terceros”, de la página, activada el 6 de septiembre de 2017 coincidiendo con la ley del referéndum, y clausurada por mandato judicial el 13 de septiembre.

El dominio se había registrado por la Dirección General de Atención al Ciudadano del Departamento de Presidencia de la Generalitat. La web incluía bajo el logotipo de la Generalitat, los anuncios preparados para la consulta y enlazaba con el registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior. Según el Instituto Armado, además, funcionarios públicos de la Generalitat autorizaron a personas del sector privado a dar de alta dominios y diseñar las páginas pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.es que también fueron sufragaron con dinero público.