Los soberanistas diluyen su intención de actuar judicialmente contra Llarena y el Supremo

Los grupos independentistas mantienen el anuncio de intentar actuar judicialmente contra Pablo Llarena y los otros magistrados de la sala del Tribunal Supremo que han impedido la investidura de Jordi Sànchez, pero han suavizado esa declaración de intenciones de forma apreciable. Este martes, la mayoría soberanista en la Mesa ha rechazado la petición de reconsideración presentada por Ciutadans para que no se llevaran a cabo estas medidas, pero al mismo tiempo ha reformulado y diluido su resolución inicial.

Si a principios de abril hablaban de presentar una querella por prevaricación, ahora se han limitado a aprobar que los servicios jurídicos del Parlament estudien y ejerciten las acciones penales oportunas contra los jueces del Supremo. Es decir, no tendría por qué ser una querella, en la que directamente se atribuyen delitos; podría ser una denuncia, en la que se plantean dichos delitos en condicional, y tampoco se alude en ningún momento a la prevaricación. Se les atribuye la posibilidad de haber interferido en el normal funcionamiento de la Cámara y se deja la decisión en manos de los letrados del Parlament, que ya han dicho varias veces que no tienen los conocimientos necesarios sobre cuestiones penales puesto que su especialidad es otra.

Entre los partidos constitucionalistas hay quien piensa que esta supuesta querella acabará como acabó el anuncio de Roger Torrent de llevar ante la ONU el veto a la sesión de investidura de Jordi Sànchez, una afirmación que sirvió incluso para posponer un pleno pero que aún no ha llegado a materializarse. Sin embargo, Ciutadans ha anunciado que estudia denunciar en un juzgado de lo contencioso administrativo el acuerdo de querellarse contra el Supremo puesto que considera que la Cámara podría incurrir en un delito de malversación.