Sànchez y Cuixart piden su traslado a una cárcel catalana

Las reiteradas negativas del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a las peticiones de libertad de los presos independentistas han dejado paso una nueva maniobra judicial de frente común: conseguir su traslado a una cárcel catalana. Los encarcelados fundamentarán su petición alegando una vulneración de sus derechos como reclusos por la dificultad de mantener los vínculos con sus hijos y apelarán al criterio de máxima proximidad del interno a su hogar para evitar el "desarraigo".

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ya ha requerido este mismo martes a Instituciones Penitenciarias, organismo que depende del Ministerio del Interior, su mudanza. Su defensa asegura que el trajineo constante de su hijo, de tan sólo un año, a Soto del Real para verle, le afecta "física y psicológicamente". Señala, además, que mantenerle a 630 kilómetros de distancia "no respeta el derecho del menor a no ser discriminado por la situación de encarcelamiento de su padre". Por su parte, el abogado de Jordi Sànchez recurrirá la denegación que recibió su cliente a la misma petición cuando fue presentada.

Avalados por la legislación española y la normativa reivindicada por las Naciones Unidas, también lo requerirán en los próximos días Oriol Junqueras, Raül Romeva y Josep Rull. Hurgan en que una vez dictado su procesamiento por rebelión ya no hay motivos para mantenerles en Soto del Real, Estremera y Alcalá-Meco.

"Deterioro de vínculos familiares"

Para escarbar en esta tesis, el coordinador de esta estrategia judicial, Carlos García Castaño, ha añadido a su petición dos dictámenes elaborados por Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, y otro a cargo de Albert Parara, abogado premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía española.

En el primero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, inciden en que, de desestimarse el traslado de Cuixart una cárcel catalana, "se afectaría a sus derechos fundamentales" y se indagaría en "una situación crítica de deterioro para los vínculos familiares".

"Por vía de su traslado a un Centro Penitenciario de Catalunya, puede ir asumiendo sus responsabilidades como padre del bebé, y contribuyendo al sostenimiento de su núcleo familiar tanto afectivamente como a todos los niveles en tanto sea posible sin agravar más la situación del presente", puntualizan. Por ello, García Castaño resuelve que, de no admitirse su requerimiento, se estarían vulnerando los derechos de los menores a relacionarse con sus padres.

Asimismo, la defensa incide en que con el auto de procesamiento en mano, acabada ya la fase de instrucción, ya no hay motivo para mantenerles entre rejas en Madrid y permitiría un acceso más "ágil" de su abogado para preparar el juicio.

Cabe recordar que para Junqueras este es su segundo intento, ya que Llarena le desestimó dicha petición. Esta vez, pero, va dirigida a Interior, aunque de todas formas vuelve a ser el juez del Supremo el que tiene la última palabra.