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500 profesores piden más control sobre las malas prácticas universitarias

Firman un manifiesto a favor de la educación pública tras el máster fantasma de Cifuentes

Critican el "silencio" de la CRUE e instan a un "análisis riguroso" sobre cómo se gestionan los títulos universitarios

Á. V. / P. M.

Cristina Cifuentes, el pasado 5 de abril en la Asamblea de Madrid.

Cristina Cifuentes, el pasado 5 de abril en la Asamblea de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

Casi 500 profesores y catedráticos universitarios han apoyado ya un manifiesto en el que piden a las autoridades un mayor control sobre las "malas prácticas ocasionales" en las universidades españolas, como ha destapado el caso del máster fantasma de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El escrito sale en defensa de la educación pública e insta a las autoridades, a los rectores y los responsables universitarios a que hagan "un control efectivo" y una "verdadera inspección" de la calidad y seriedad de cada uno de los títulos universitarios, tanto públicos como privados.

Asimismo, expresa "serias dudas" sobre la legalidad y legitimidad de la obtención del título por Cifuentes, sea cual sea el desenlace del asunto en las vías administrativas y judiciales en las que se está investigando.

Ante esta situación, el manifiesto se concreta en los siguientes cinco puntos: 

1. Nos parece discutible la estrategia de silencio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) –más allá de una comunicación meramente formal- y tememos que su llamativa discreción pueda ser confundida con corporativismo o solidaridad con quienes se entregan a malas prácticas y corruptelas, donde quiera que esto ocurra.

2. La presunción de inocencia tiene pleno sentido y merece total respeto en los procesos penales, pero nada más que ahí. Es obligación básica de los rectores y sus equipos, de los decanos y de los directores de departamento velar por la integridad de los comportamientos y la legalidad de los procedimientos y poner en marcha cualesquiera medidas jurídicamente válidas para la sanción de las acciones indebidas.

3. La absurda y estéril burocratización del sistema universitario español ha llevado a la abundancia de fiscalizaciones puramente aparentes por parte de agencias y entidades de evaluación que, en lo que a los títulos universitarios se refiere, a menudo no sirven más que para disfrazar el desgobierno y la arbitrariedad.  Que, junto a una mayoría de títulos y estudios de alto nivel y elevada exigencia, se hayan colado en el sistema universitario otros que no son sino oscuros negocios y 'chiringuitos' descarados es prueba más que concluyente de la ineficiencia de los actuales sistemas de evaluación y fiscalización de las enseñanzas universitarias.

4. Estimamos que incidentes graves como el que actualmente afecta a la URJC y a determinado máster de ella dependiente no deben usarse para la crítica genérica e indiscriminada de las universidades públicas españolas y de los estudios que ofrecen. El esfuerzo y sacrificio de la gran mayoría del profesorado, personal y estudiantes consigue que la regla sea la calidad y la seriedad. Por eso mismo somos los docentes de las universidades públicas los más interesados en un control estricto de la enseñanza y los títulos, tanto en las universidades públicas como, por supuesto, en las privadas. La inquietud actual ha de ser acicate para un análisis riguroso de cómo se organizan y se gestionan los títulos, especialmente los de segundo y tercer ciclo, en todas las universidades, con particular atención a algunas universidades privadas.

5. Instamos a las autoridades estatales y autonómicas, a los rectores y a los responsables universitarios en general a incrementar el esfuerzo y los medios para que haya efectivo control y verdadera inspección de la calidad y la seriedad de todos y cada uno de los títulos universitarios. Confiamos en que las universidades públicas entiendan que su objetivo es científico y docente, y no económico o político, y que las universidades privadas comprendan que su legítimo afán de lucro e influencia social no ha de estar reñido con el servicio que prestan, único factor que social y jurídicamente justifica su existencia.

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