La jueza Lamela también rechaza investigar a los mossos de Cornellà
La magistrada delimitó la causa por sedición a Trapero y la excúpula policial de los Mossos
El mayor Josep Lluís Trapero se dirige a la Audiencia Nacional, ayer.
Por qué confiar en El Periódico La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tiene perfectamente delimitada la causa que abrió a raíz de la querella fiscal por rebelión y sedición a la actuación de la excúpula política de los Mossos, a los que procesó por este segundo delito y organización criminal, y no considera que deba ser este tribunal la que investigue otras conductas que pudieran ser delictivas por parte de otros miembros del cuerpo.
Por eso, como ya hizo con la inhibición remitida desde Lleida, por la inacción de los responsables policiales autonómicos de esa zona, ha devuelto al Juzgado de Instrucción 3 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) la causa que le había enviado contra ocho mandos de la cúpula de los Mossos d’Esquadra.
El juzgado de Cornellá sostenía que debía ser la Audiencia Nacional la que investigara a los mandos de los Mossos que elaboraron las pautas de actuación durante el dispositivo para impedir el referéndum, entre los que incluía, al mayor Josep Lluís Trapero –cesado al frente de los Mossos y que ya está siendo investigado por la Audiencia–, los comisarios superiores Ferran López –actual jefe del cuerpo– y Joan Carles Molinero; otros dos comisarios, dos intendentes y la jefa de asesoramiento jurídico.
El juzgado, que daba por concluida la instrucción, sostenía que la cúpula de los Mossos presuntamente cometió un delito de sedición con las “pautas de actuación” de obligatorio cumplimiento para todos sus miembros que perseguían su incapacidad e inacción con el fin de permitir la celebración del referéndum de independencia.
La magistrada, que al igual que el Supremo había tomado declaración como testigo a López, no considera que esas actuaciones deban ser incorporadas en la causa por sedición que ya sigue contra Trapero, el exdirector general del cuerpo Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig. Por eso ha procedido a devolver las actuaciones. En el caso de que el juez de Cornellà decida mantener su criterio, será el Tribunal Supremo el que dirima cuál de los dos magistrados tiene razón.
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