La Generalitat intervenida reclama 5,2 millones a Mas por el 9-N

La Generalitat, intervenida tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha solicitado este jueves al Tribunal de Cuentas que condene al expresidente del Govern Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los 'exconsellers' Francesc Homs e Irene Rigau, entre otros exaltos cargos, a pagar 5,2 millones de euros por el uso de fondos públicos para organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014. En su escrito, la abogada del Ejecutivo catalán sostiene que la Administración autonómica ha sufrido un "perjuicio" de fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas decretó en diciembre del 2017 el embargo provisional de la vivienda de Mas con el fin de cubrir los 2,4 millones de euros que le restaban para hacer frente a la fianza de 5,2 millones de euros impuesta por la organización del proceso participativo del 9-N. Fue el propio Mas quien puso su domicilio como garantía cara a cubrir las responsabilidades a las que podría ser condenado en este procedimiento contable.

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Los 5,2 millones de euros que se reclaman corresponden a los gastos ocasionados por la puesta en marcha de una web, la fabricación del material empleado para la votación, la adquisición de ordenadores portátiles, la campaña de publicidad institucional, la póliza de seguro para los voluntarios, las labores de apoyo informático e instalación del centro de prensa, entre otros aspectos. La Generalitat, además de esa cantidad, solicita que se imponga a los exaltos cargos los gastos generados por este procedimiento.

Las partes que están personadas en este proceso en el Tribunal de Cuentas han ido presentado sus alegaciones a la liquidación provisional emitida por la delegada instructora del expediente.