Los plazos de la investidura dividen a JxCat y ERC

Nuevo pulso entre el magma posconvergente y ERC. En esta ocasión sobre cómo gestionar los 35 días que quedan hasta que el 23 de mayo venza el plazo de dos meses para hallar un candidato a la presidencia de la Generalitat. Junts per Catalunya, como ya explicó el domingo el propio Carles Puigdemont en TV-3, tiene toda la intención de dilatar la presentación de otro candidato a la investidura. El portavoz parlamentario, Eduard Pujol, este miércoles en Berlín, ha afirmado que "nos hemos ganado el derecho a gestionar el tiempo de la manera más políticamente oportuna". ERC, como ha subrayado el presidente del Parlament, Roger Torrent, en Suiza, no entiende una demora que repercute en una prolongación innecesaria de la aplicación del artículo 155.

El debate no es más que la consecuencia lógica al diferente punta de vista desde el que, unos y otros, analizan la situación. La posconvergencia entiende que Carles Puigdemont es todo un símbolo de la resistencia catalana a la acción del Estado. Una acción que, según se deduce de la decisión de los tribunales de Schleswig-Holstein es exagerada. Contra más se extienda en el tiempo este impás forzado por las decisiones de la judicatura española, que han denegado el permiso cuatro veces a tres candidatos a la Generalitat, mayor desgaste sufrirá el Estado.

Prioridades republicanas

La prioridad de los republicanos, por el contrario, es acabar con el 155, formar Govern y, mediante el empleo de políticas sociales, aumentar la base independentista. El efecto del 155 es devastador para el día a día de Catalunya, coniciden unos y otros. Lo expresó el propio Puigdemont en su entrevista del domingo: “Lo primero que haremos es un plan de choque para revertir los efectos” de la intervención del Estado en la Generalitat.

Esta frase, el empleo de la primera persona del propio Puigdemont, da paso a la guinda. JxCat no solo se esperará hasta el último momento para presentar el último candidato, sino que este podría ser el propio ‘expresident’, en un nuevo ‘tour de force’ con el Estado. "Es el presidente de Catalunya y tiene una legitimidad absoluta", ha remarcado Eduard Pujol, portavoz adjunto del partido.

Reunidos durante tres horas en Berlín, el grupo parlamentario ha mantenido todas las opciones de investidura sobre la mesa, incluyendo también a otros candidatos como Jordi Sànchez y Jordi Turull. "El juez Llarena ha desafiado a la ONU y ahora tenemos que decidir cuál es el camino a seguir", ha lamentado Pujol, refiriéndose a la decisión del comité de Derechos Humanos de admitir a trámite la resolución de Sànchez y de instar a España a que garantizase sus derechos políticos para ser investido.

Reforma legal pendiente

La investidura de Puigdemont pende, recursos del Estado aparte, de la reforma de la ley de presidencia que debe de permitir una investidura a distancia. Se está tramitando por lectura única e irá directamente al pleno. Ahora mismo se está esperando el dictamen del Consell de Garanties solicitado por el PSC y Ciutadans, por lo que la aprobación, según fuentes del Parlament, podría darse en la primera semana de mayo.

Torrent, por su parte, en Ginebra, donde acudió a denunciar ante la ONU las supuestas violaciones a los derechos políticos no sólo de los cargos públicos procesados por el 1-O, sino de toda la ciudadanía, ha señalado que no hay “ninguna pretensión, al contrario, de agotar los plazos e ir a elecciones. El escenario de elecciones, desde mi punto de vista, no es en absoluto deseable en Catalunya".

El presidente del Parlament ha subrayado que el candidato a presidente de la Generalitat sigue siendo Jordi Sànchez, en prisión preventiva acusado de rebelión por su papel en el proceso secesionista de Catalunya. Torrent ha recordado que Sànchez fue impedido por el Tribunal Supremo de acudir al pleno de investidura, "saltándose las medidas que acompañaron la admisión a trámite por parte por el Comité de Derechos Humanos de la ONU", ha subrayado.