El juez Llarena requiere a Montoro para que explique por qué niega la malversación

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena quiere cortar de raíz la última estrategia de defensa de los procesados por rebelión y malversación, que ante él mismo descartan este último delito bajo el amparo del mismísimo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el lunes negó en una entrevista a 'El Mundo' que el 1-O se hubiera pagado con dinero público. Y más cuando de ello podría depender en exclusiva la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Por eso se ha dirigido al que, si nada cambia, se convertirá en testigo involuntario de los acusados para exigirle que "a la mayor brevedad posible" le remita "el soporte objetivo concreto de las declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización del 1-O".

El instructor explica que varios de los procesados por malversación han defendido en su presencia “la injustificación del delito", por el que también "se ha librado orden europea de detención contra otros”, por las declaraciones realizadas por Montoro que aparentemente "contradicen las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción”. La Guardia Civil eleva a 1.915.067 euros la cantidad presuntamente malversada tras concluir la investigación encargada por el magistrado hace un mes, según informa la acusación que ejerce Vox, que por ello pide el "cese fulminante" del ministro. El auto de procesamiento declaraba acreditado el desvío de 1,6 millones de euros que se destinaron a pagar campañas de publicidad por el 1-O, material electoral y a los observadores internacionales contratados por el Diplocat. Casi un millón se camufló en partidas de las Consejerías de Gobernación, Cultura, Justicia, Empresas y Agricultura, con el acuerdo de todo el Govern

La Guardia Civil sospecha que el 1-O también se pagó con subvenciones de JxSí

Reacción de Hacienda

En un comunicado emitido al final de este miércoles, el Ministerio de Hacienda valora positivamente el requerimiento del juzgado "ya que da la oportunidad a este Departamento de aportar el Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya" que, según se añade, "no habían sido solicitados hasta ahora".

En el comunicado se añade que el Ministerio inició sus controles en el año 2015 y que aportará "toda la documentación donde se detalla el control de la ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles".

A partir del 15 de septiembre

La contundencia del ministro en la entrevista negando la utilización de dinero público en el 1-O , que tan mal casa con la personación de la Abogacía del Estado tanto en el Supremo como en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ya había sido matizada por Hacienda, a través de la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Belén Navarro, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. De sus explicaciones se desprende que, si bien existe un control férreo de Hacienda sobre los fondos que el Estado hace llegar a la Generalitat, también es cierto que el Govern tenía dinero fuera de la vigilancia estricta de Montoro que pudo ser utilizado para el 1-O. Era el procedente de los ingresos propios que la Generalitat recauda directamente y que vienen a representar el 20% del total de sus recursos.

El 80% restante procede del Estado y su presunto desvío fue precisamente uno de los argumentos que llevaron a admitir la personación de los servicios jurídicos estatales, según fuentes jurídicas. El rígido control de los pagos, con la intervención de las cuentas de la Generalitat, se empezó a aplicar a partir del 15 de septiembre. Con anterioridad el sistema tenía grietas y eso fue lo que finalmente llevó a Montoro a intervenir las cuentas de la Generalitat, después de que el exconseller Oriol Junqueras se negara a enviar a Hacienda los informes semanales de sus pagos. 

Belén Navarro fue rotunda al afirmar que no fue posible utilizar en el referéndum ni el dinero que el Estado facilita a Catalunya a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ni el que le hizo llegar a través de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica desde el 15 de septiembre, cuando Hacienda extendió a las cuentas catalanas la misma plataforma informática del FLA que utiliza el Estado para pagar directamente a los proveedores, con la colaboración de las entidades financieras.

La propia alto cargo de Hacienda admitió que los tribunales podrían estar investigando el posible desvío de "algún dinero" distinto de esas fuentes "o bien que ese pago de facturas, certificado por interventores, realmente no correspondiera a tal fin", mediante una hipotética falsificación de las facturas cargadas en la plataforma del FLA y del control de pagos.

Otras fuentes de Hacienda, en declaraciones a EL PERIÓDICO, matizaron después que la intervención de los pagos de la Generalitat tras el 15 de septiembre se aplicó al 100% de los recursos autonómicos (al 80% proveniente del sistema de financiación y al 20% restante, de los impuestos autonómicos).