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PROCESO POR PRESUNTA SEDICIÓN

Trapero desvela que el día de la DUI puso a los Mossos a disposición del TSJC y la fiscalía

El 'major' señala en su recurso contra el auto de procesamiento la existencia de correos electrónicos al presidente del TSJC y del fiscal superior de Catalunya

El que fuera mando de la policía autonómica asegura que comunicó a Puigdemont que el cuerpo no compartía el "proyecto independentista"

J. G. Albalat / Ángeles Vázquez

Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional. 

Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional.  / DAVID CASTRO

El 'major' de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, revela en su recurso contra su auto de procesamiento dictado por la Audiencia Nacional que el día 27 de octubre del 2017, el día en que se proclamó la declaración unilateral de independencia (DUI), remitió un correo electrónico al presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Barrientos, y al fiscal superior de Catalunya, el fallecido José María Romero de Tejada, en el que ponía a su disposición a la policía autonómica "con el fin de dar cumplimiento a las órdenes" que pudieran derivar de la decisión del Parlament, a la vez que comunicaba que el cuerpo policial continuaría garantizando la seguridad ciudadana y el orden público. 

Trapero ha comparecido este lunes ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que le ha notificado personalmente su procesamiento por presunta sedición y organización criminal junto a los que fueran sus jefes políticos, el exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario de Interior Cèsar Puig. Los tres se han limitado a negar las acusaciones.

El recurso del exjefe de los Mossos, representado por la abogada Olga Tubau, sostiene que no es cierto que los Mossos se hayan puesto "al servicio de los intereses secesionistas" y niega que "por mor de esa pretendida connivencia" se hubieran desplegado acciones de vigilancia y contravigilancia a altos cargos del Govern que estaban siendo investigados por un juez de Barcelona por el referéndum del 1-O.

Solo se aceptó la petición de protección "esporádica" del secretario de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové, "dado el riesgo que podía suponer para dicha persona su exposición pública a raíz de su presencia masiva en los medios de comunicación con motivo de su detención". Se desestimaron  otras peticiones (escolta personal o barridos de seguridad) porque el exalto cargo estaba siendo investigada en ese momento y si se atendía podía colisionar con las acciones de investigación que sobre él podían estar realizándose, destaca el recurso. La directora de servicios de vicepresidencia, Natalia Garriga, también tuvo vigilancia esporádica.

El 'major' expone que, antes del 1-O, mantuvo dos reuniones en el Palau de la Generalitat con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, en las que  trasladó su "preocupación" por que se mantuviera el referéndum, ya que podía generar problemas para la seguridad ciudadana. Según el recurso, Trapero informó que los Mossos no compartía el "proyecto independentista" y que la cúpula tenía la intención de "respetar la legalidad vigente y cumplir con los mandatos judiciales".

La conselleria y el 1-O

Trapero rechaza la acusación de pasividad de los Mossos en el registro practicado el 20 de septiembre del 2017 por la Guardia Civil en la Conselleria d'Economia y argumenta que estuvo en permanente contacto con los miembros del instituto armado que realizaron dicha operación. Insiste en que la concentración era pacífica y no tumultuaria, como detalla la jueza Lamela en el procesamiento. También niega que los Mossos no intentaran parar el referéndum.

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