AVISO DE LA MONCLOA

Rajoy avisa a Torrent de que la querella a Llarena puede constituir malversación

Los letrados del Parlament dudan sobre la viabilidad legal de la iniciativa jurídica

Catalá considera que es un "error gravísimo" que esconde "cierto ánimo de amenaza"

Rajoy avisa a Torrent de que la querella a Llarena puede constituir malversación

JOSÉ LUIS ROCA

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Pilar Santos / Xabier Barrena

La Mesa del Parlament anunció este viernes oficialmente la presentación de una querella contra el juez Pablo Llarena por impedir la asistencia de Jordi Sànchez a su sesión de investidura y el Gobierno central tardó apenas una hora en advertir de que esa medida puede constituir un delito de malversación de caudales públicos. Primero lo hizo el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y poco después el propio presidente, Mariano Rajoy

Según el jefe del Ejecutivo central, si la querella por prevaricación "la paga el Parlament", puede considerarse malversación y recordó que los letrados de la Cámara autonómica han expresado sus dudas acerca de la viabilidad legal de tomar esa iniciativa. Los expertos juristas avisaron de que el Parlament es una institución plural y debe diferenciarse de las decisiones que corresponden a los diputados y los grupos. Pero el toque de atención fue desoído por el presidente de la Mesa, Roger Torrent, que a ojos de Ciudadanos sigue "los mismos pasos" que Carme Forcadell

Posible recurso del Ejecutivo

"Sinceramente, lo que tiene que hacer el Parlament de Catalunya, lo único que tiene que hacer, y lleva incumpliéndolo desde el 21 de diciembre, es elegir un presidente de la Generalitat que esté en condiciones de gobernar", reclamó Rajoy a los líderes independentistas en una rueda de prensa en la Moncloa. Fuentes del Gobierno central informaron de que estaban analizando si cabe la opción de interponer recurso contra la decisión de la Mesa.

La iniciativa de la querella salió adelante gracias a la mayoría independentista de la Cámara, que la ha planteado como un instrumento de defensa de la institución por cuanto la decisión de Llarena "supone un ataque a los derechos de los 135 diputados del Parlament". Este es el argumento con el que los secesionistas pretenden esquivar la posible denuncia, anunciada ya por Ciutadans y en estudio por el PP, de malversación contra Torrent por uso indebido de fondos públicos. El PSC no ve riesgo de cometer ese delito por cuanto han sido los servicios jurídicos de la propia Cámara los que han recibido el encargo de redactar y presentar la denuncia. Es decir, no se destinan recursos extraordinarios a la cuestión.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que querellarse contra un juez "es un error gravísimo" que esconde, en su opinión, "un cierto ánimo de amenaza" y supone una "deriva muy peligrosa". "Contra las decisiones de los jueces están los recursos; a mí me parece que se están equivocando al intentar amedrentar o incluso amenazar a un magistrado a base de escraches, de pintadas en su vivienda y de presentarle una querella por hacer su trabajo", manifestó en una entrevista en Onda Cero.

La extradición de Puigdemont

Por otro lado, el ministro señaló que la reunión entre los fiscales españoles y alemanes sobre la extradición de Carles Puigdemont fue "bien", según le había comentado el fiscal general. En su opinión, lo más "razonable es que la resolución del juez alemán se adecúe lo más posible a lo dicho por el juez español que instruye el caso y que lleva meses investigando". De lo contrario, sostuvo, supondría "volver muchos años atrás".

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Siguiendo este razonamiento, dio por hecho que "habrá extradición, por un delito o por otro", porque el magistrado alemán, apuntó, ha reconocido que los ha habido. De hecho, no descartó que la rebelión figure finalmente entre los motivos de la entrega de Puigdemont a España. Según su interpretación, el procedimiento derivado de la euroorden no ha finalizado y aún deben desarrollarse "fases sucesivas".

Así, apuntó que el fiscal puede "aportar más información que permita en su caso que lo que el juez Llarena consideró en su auto que estaba probado, que es la violencia que justifica la rebelión, también lo puedan tomar en consideración los jueces alemanes".