REUNIÓN EN LA HAYA
Los fiscales españoles dan argumentos a los alemanes para acusar por rebelión
El encuentro está teniendo lugar a "puerta cerrada" y se desconoce la duración porque es "totalmente confidencial"
Carles Puigdemont. / periodico
Por qué confiar en El Periódico La reunión entre fiscales alemanes y españoles, en la que se debatirá la euroorden dictada contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, comenzó este jueves a las 9.00 hora local en la sede de Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial en La Haya.
Según confirmó a Efe una fuente de Eurojust, el encuentro está teniendo lugar a "puerta cerrada" y se desconoce la duración ya que es -insistió- "totalmente confidencial", por lo que no se espera que trascienda información sobre la reunión desde esta institución.
En la misma, los fiscales españoles están aportando argumentos a la acusación pública germana de modo que pueda convencer a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de que hubo violencia en el 'procés' y, por tanto, rebelión. Según fuentes del Tribunal Supremo, esos argumentos deberían servir a los fiscales alemanes para convencer a la audiencia de que finalmente entregue a Carles Puigdemont por este delito.
Los fiscales de ambos países discutirán los cargos de rebelión y malversación por los que se ha cursado la euroorden dictada por España contra Puigdemont, y que está en manos de la Justicia alemana.
La oficina de enlace fiscal de Madrid y Berlín en Eurojust se reunió el miércoles para preparar este encuentro, aunque ambas fiscalías mantienen un gran secretismo sobre el encuentro.
Proceso en Alemania
La Fiscalía de Schleswig-Holstein, el Estado federado por donde entró Puigdemont en Alemania el pasado 25 de marzo y donde quedó inmediatamente detenido, resolvió hace una semana pedir a la Audiencia Territorial del mismo land su extradición a España.
Sin embargo, la Audiencia de Schleswig-Holstein resolvió desestimar el cargo de rebelión y decretó la libertad condicional de Puigdemont, bajo fianza de 75.000 euros.
En la resolución se requería asimismo información adicional y concreta sobre la acusación de malversación de fondos públicos, por un volumen de 1,6 millones de euros, lo que compete pedir a la Fiscalía ante las autoridades españolas.
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