Jordi Sànchez pide permiso para ser investido a distancia

Jordi Sànchez no quiere tener más problemas, que los propios de la aritmética parlamentaria, para lograr el objetivo que se ha marcado de ser el próximo presidente de la Generalitat. Este martes pidió formalmente al Tribunal Supremo poder asistir al Parlament el viernes. El escrito plantea su excarcelación o un permiso penitenciario, con la novedad de que en el caso de que ambas opciones sean descartadas por el juez Pablo Llarena, como ya hizo anteriormente, se le permita participar en el debate por videoconferencia.

En un escrito de apenas tres páginas, el número dos de Junts per Catalunya apela a la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se insta al Estado a garantizar cautelarmente sus derechos políticos, y que el Gobierno tiene seis meses para contestar. Una respuesta que, según fuentes del Ejecutivo, pasará por recordar que su permanencia en prisión depende del Supremo y que la independencia judicial le impide inmiscuirse en tales decisiones. 

La defensa de Sànchez argumenta que para que España cumpla con sus compromisos internacionales sobre derechos humanos y se garantice su participación en la dirección de los asuntos públicos y acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país debe poder asistir al pleno.

Para ello propone ser puesto en libertad o, al menos, que se le conceda un permiso penitenciario para poder acudir a la sesión parlamentaria. "En el caso de no entenderse tampoco oportuna la medida anterior" solicita por primera vez que "se permita al diputado participar en los citados plenos por medio de videoconferencia desplazándose a tal efecto al lugar" que el juez Llarena "disponga".

El abogado Jordi Pina recuerda que la investidura telemática fue vetada por el Tribunal Constitucional para el 'expresident' Carles Puigdemont por no encontrarse a disposición de la justicia española, "pero nada impide aceptarla en el supuesto de quienes no pueden, por estar presos, acudir físicamente al Parlament". Añade que después corresponderá al presidente de la Cámara, Roger Torrent, hacerlo posible dentro de sus competencias.Roger Torrent

Admitidos recursos

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exmiembro de la Mesa Anna Simó contra la decisión del juez Llarena de asumir toda la investigación relativa al delito de rebelión por el que se acabó procesando a la mayoría de los miembros del Govern de Carles Puigdemont.

Ambas exparlamentarias argumentan que la competencia para investigar los hechos que se les imputan correspondería al Tribunal Superior de Justicia catalán. El Constitucional, que entiende que la impugnación se refiere a un derecho fundamental sobre el que aún no ha dictado doctrina, ha pedido al alto tribunal una copia del procedimiento.