Aguirre y González echan balones fuera y niegan conocer la financiación ilegal del PP

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Patricia Martín

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Solo sé que no sé nada. Esta máxima sirvió de nuevo este martes a Ignacio González y Esperanza Aguirre para salvarse a sí mismos y a su partido de las graves acusaciones que se indagan en los tribunales y que la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta caja b del PP trata de dirimir para determinar las responsabilidades políticas. Al igual que hiciera <strong>Cristina Cifuentes</strong> hace tres semanas, un día antes de que saltara la polémica sobre su máster, los dos exdirigentes madrileños argumentaron que, como altos cargos institucionales o del PP regional, no conocieron los entresijos de la tesorería ni cómo se financiaron las campañas.

Eso sí, Aguirre reiteró que ella dimitió por su responsabilidad in vigilando, no como otros, dejó caer, porque "en España resistir es lo que se lleva", en una referencia implícita a su sucesora, de cuyo presunto máster se mofó en un duro encontronazo con Gabriel Rufián, al que recordó que a los detenidos del CDR se les acusa de "terrorismo". En ese momento, el diputado de ERC elevó el tono hasta el punto de que el presidente de la comisión, Pedro Quevedo (Nueva Canarias), le pidió que dejara de "montar el pollo" y se ciñera a las preguntas sobre corrupción. Dentro de este límite, Rufián concluyó que "nadie se cree" que Aguirre fuera una "damisela entre gánsteres" que no se "enteraba de nada". "Menos mal que no he hecho un máster", respondió la aludida, en referencia de nuevo a sufre Cifuentes.

Fundescam pagó encuestas

Fiel a su estilo, Aguirre fue firme en sus afirmaciones y trató de zafarse de los interrogatorios con humor o sacando a colación escándalos de otros. Eso sí, reconoció que la Fundación Fundescam, que se investiga si fue utilizada por el PP para falsificar facturas, pagó encuestas, algo para ella nada "disparatado" porque los sondeos no son "gastos electorales". En este contexto, atribuyó a una estrategia de defensa que Francisco Granados le acusara ante el juez de la ‘Púnica’ de conocer la financiación ilegal. Y, ante las revelaciones de su exjefa de prensa Isabel Gallego de que se pagaron con dinero del Canal de Isabel II trabajos a favor de la reputación on line, aseveró que en su persona "no se gastó un duro" puesto que el primer trabajo fue tras su dimisión.

La expresidenta de Madrid se mostró contraria a la prisión provisional que han sufrido sus delfines, González y Granados, y confesó que le gustaría que fueran exculpados. No se cruzó, no obstante, con el primero, al llegar premeditadamente tarde a la comisión que su sucesor abandonó poco antes tras echar balones fuera y dejar en el aire una única confesión, si bien rebajada, sobre lo que en su día relató ante el juez.

González admitió que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta tenía "especial interés" en conocer la "gestión ordinaria" de la Comunidad de Madrid "en cuanto a contratación y desarrollos urbanísticos". Eso sí, negó que las adjudicaciones bajo su mandato estuvieran basadas "en ninguna intervención o presión" por parte de la dirección del PP, dado que comentó el "extraño" comportamiento con Aguirre y concluyeron que solo responderían a las dudas del extesorero pero "nada más". La ‘lideresa’, no obstante, manifestó a continuación no recordar esa charla.

El chantaje, un "chascarrillo"

Por lo demás, González usó su comparecencia para defender su inocencia y la de su partido. Así, rebajó a "chascarrillo" y "conversación de café" la charla con Eduardo Zaplana, que consta en la investigación de los 'casos Lezo y los papeles de Bárcenas', en la que ambos comentan que se intentó chantajear Mariano Rajoy con una grabación de un empresario que confesaba el pago de comisiones. Según González, él "no conoció" ningún tipo de financiación ilegal ni supo a ciencia cierta del intento de chantaje; solo se limitó "a comentar [con Zaplana] lo que había escuchado".