'CASO PÚNICA'

El Canal de Isabel II pagó la reputación online de Aguirre y González

Francisco Granados e Ignacio González aplauden a Esperanza Aguirre en un pleno de la Asamblea de Madrid, en marzo del 2009.

Francisco Granados e Ignacio González aplauden a Esperanza Aguirre en un pleno de la Asamblea de Madrid, en marzo del 2009. / periodico

Ángeles Vázquez

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Isabel Gallego, exdirectora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, jefa de prensa de Esperanza Aguirre, se ha sumado a la 'moda' de los imputados en casos de corrupción que optan por colaborar con la justicia. Este jueves, tras años imputada en el 'caso Púnica', optó por confesar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que los gastos de reputación online de la expresidenta madrileña y su sucesor, Ignacio González, se pagaron al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro a través de empresas adjudicatarias del Canal de Isabel II.

En su declaración aseguró que, según fue sabiendo de boca de los propios protagonistas, De Pedro pactó con el exdiputado madrileño Borja Sarasola que los trabajos reputacionales de ambos dirigentes del PP de Madrid se pagarían a través de la empresa pública de agua.

Cuando Sarasola fue nombrado consejero de Medio Ambiente se apartó de la gestión de los pagos, lo que coincidió con el fin del contrato de publicidad a través del que se pagaban estos trabajos. El relevo lo tomó el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria que utilizó un modelo similar para pagar a De Pedro. Tanto Sarasola como Victoria están también imputados en el caso.

Sin embargo, problemas en la tramitación de esos contratos llevaron a Victoria a pedirle a la imputada que se ocupara de los pagos mediante facturas de gastos menores de la Dirección General de Medios de Comunicación. Gallego, que se desmarca de la gestión de los pagos, admite que por esa vía se pagaron a De Pedro 21.000 euros en 2012, facturas mensuales de 1.800 al año siguiente y otras cuatro en 2014. 

Pero en un momento determinado, De Pedro empezó a reclamar una deuda de 100.000 euros que no se correspondía con la labor realizada para la Dirección General de Medios de Comunicación. La imputada declaró que Victoria estableció un sistema de pago paralelo a través de Indra mientras buscaba una solución más permanente para 2014 a través de otros adjudicatarios del Canal.