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El Gobierno pide a la fiscalía "toda la firmeza" contra los CDR

Considera que "los desórdenes e ilegalidades" cometidas reflejan "la desesperación de los más radicales"

La Abogacía del Estado estudia la delegación del voto de Puigdemont

Ángeles Vázquez

Vigilancia policial y acciones de los CDR en la C-32 y la AP-7, ayer y el domingo.

Vigilancia policial y acciones de los CDR en la C-32 y la AP-7, ayer y el domingo. / CDR / ACN (JULIA PÉREZ) / EFE (TONI ALBIR)

El Gobierno ha reclamado este miércoles a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional "toda la firmeza" contra los "desórdenes e ilegalidades" cometidas por los Comités de Defensa de la República (CDR), actuaciones que, a juicio del Ejecutivo, "ponen de manifiesto la desesperación de los más radicales", que dentro de la sociedad catalana son una "una minoría que intenta imponer su ideología a los demás", como es "propio de regímenes totalitarios".

Fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy atribuyeron la actuación de los CDR a la impotencia que sienten al comprobar que sus intentos de continuar tratando de lograr la independencia por la vía unilateral son estériles, porque el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no puede ser investido y ha ingresado en prisión en Alemania por la euroorden cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

En este sentido, las fuentes consultadas consideran que Alemania tramitará la euroorden cursada por España "como la atendería España a la inversa", pese al "daño que algunos quieren hacer" cuestionando la democracia española por el procedimiento abierto contra los líderes del 'procés'. Destacaron la decisión adoptada por la fiscalía germana, que consideran "clara y contundente", de apoyar la reclamación española para que pueda ser juzgado por los delitos de rebelión y malversación como los demás procesados que no cometieron la "indignidad" de huir ante la citación judicial. 

En estudio la delegación del voto

Por su parte, la Abogacía del Estado estudia el acuerdo de la Mesa del Parlament de permitir a Puigdemont delegar su voto y los informes de los letrados de la Cámara que advierten de la posibilidad de incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional que ya vetó la investidura a distancia del 'expresident' y solo la veía factible con la autorización expresa del juez Llarena. 

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