Un juez investiga la expulsión de policías de hoteles de Pineda de Mar por el 1-O

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arenys de Mar ha abierto una investigación por presuntas coacciones y falsedad documental  contra tres tenientes de alcalde de Pineda de Mar del PSC, una concejal de ERC y el jefe de la Policía Local por la expulsión de agentes de la policía nacional que se alojaban por el 1-O en hoteles de la población. El juez ha admitido a trámite la querella presentada en enero por el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar.

La fiscalía acusa a Carmen Aragonés Flaquer, primera teniente de alcalde y regidora de Promoción Económica; Jordi Masnou Ridaura, segundo teniente de alcalde y coordinador de grande proyectos; Silvia Biosca Estopa; teniente de alcalde de comunicación; Mónica Palacín París, concejal de ERC en el Ayuntamiento de Pineda de Mar, y Carles Santacreu Manuel, jefe de la policía local de dicha localidad.

La querella relata que a raíz de la convocatoria de referéndum del 1-O se trasladaron a Catalunya diversos contingentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Parte de los efectivos de la Policía Nacional fueron alojados en Pineda de Mar en dos hoteles de la cadena Checkin Hoteles. En total, casi 500 funcionarios policiales.

Comitiva municipal

La fiscalía sostiene que el hospedaje y los servicios contratados se prestaron con total normalidad por parte de la dirección y empleados de los dos establecimientos hasta el 2 de octubre del 2017, el día después de la consulta, en que sobre las 21 horas "de forma irregular, sin cita programada y, por lo tanto, fuera de la agenda oficial", hizo presencia en el hotel sito en la calle Roig i Jalpi una comitiva encabezada por Carmen Aragonés, Jordi Masnou, Mónica Palacón y el jefe de la policía local Carles Santacru.

Su intención, según la querella, era "conminar" a la dirección del hotel, "prevaliéndose de la autoridad que representaban", para lograr la expulsión de los policía albergados allí. Para ello, se entrevistaron con el director del establecimiento, al que le requirieron que lo cerrara, con el consiguiente el desalojo de los agentes.

La misma exigencia fue trasmitida por teléfono al gerente de la cadena hotelera, que no se encontraba en el lugar. Uno de los querellados, Jordi Masnou, advirtió a este directivo, "en tono desafiante y amedrentador", que tenía que echar a "esos clientes sí o sí". El gerente le contestó que los agentes tenían reserva en el local hasta el 5 de octubre, a lo que Manou, dando gritos, le dijo que "el era el que mandaba allí, que si decía blanco es blanco". Después, le amenazó con cerrarle el hotel durante cinco años si no expulsaba a los policías. Ante esas presiones, la dirección del hotel comunicó a los efectivos de la Policía Nacional que debían abandonar las instalaciones al día siguiente, 3 de octubre.

Al informar de esta situación los medios de comunicación, algunos los querellados intentaron que los responables del hotel firmaran un comunicado conjunto donde aparecía el logo del ayuntamiento y que, según la fiscalía, se hizo con "manifiesto desprecio a la verdad" y dónde se desmentía las presiones. Los directivos de la cadena al ver el texto se negaron a rubricarlo.