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La fiscalía alemana pide tramitar la extradición de Puigdemont a España

La acusación pública apoya la entrega del 'expresident' por rebelión y malversación

La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein podría tardar hasta tres meses

Carles Planas Bou

La primera fiscal de Schleswig, Wiebke Hoffelner. / JENS SCHLUETER (EFE)

La primera fiscal de Schleswig, Wiebke Hoffelner.
La prisión de Neumünster, en la que está encarcelado Carles Puigdemont.

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Malas noticias para Carles Puigdemont. La fiscalía alemana de Schleswig-Holstein ha solicitado este martes a la Audiencia Territorial de ese 'land' que tramite la extradición a España del expresidente de la Generalitat. En su escrito, el fiscal general ha avalado punto por punto las tesis del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, considerando lícitos los cargos por los delitos rebelión y malversación de fondos públicos.

Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que pesan contra Puigdemont, la fiscalía alemana también ha defendido que el líder de Junts per Catalunya siga "por ahora" en prisión ante el "riesgo de fuga" que ya percibió la jueza de Neumünster. "Hemos llegado a la conclusión que esta es una solicitud de extradición válida, que se espera la ejecución de un procedimiento de extradición y que el riesgo de fuga ofrece un motivo para la detención", reza el documento de la judicatura alemana. Su devolución a España por rebelión podría comportar hasta 30 años de prisión.

Sin embargo, la declaración de la fiscalía de Schleswig-Holstein no supone una decisión final sobre la situación de Puigdemont en Alemania, que queda ahora en manos de la Audiencia Territorial de ese estado federado, y que puede dilatarse entre dos y tres meses. El proceso para que el tribunal estudie si los delitos que el juez Llarena imputa a Puigdemont se corresponden con los del código penal alemán y permiten su entrega a España puede durar entre 10 y 60 días, pero la legislación contempla una prórroga de otros 30 días en casos excepcionales. En cualquier caso, en dos o tres días la Audiencia sí tendrá que confirmar si mantiene en prisión al líder de JxCat.

CASO EXCEPCIONAL

El abogado de Puigdemont no se ha mostrado sorprendido por la declaración de la fiscalía alemana. "Lo que hubiera sido noticia era que hubieran pedido lo contrario", ha señalado Jaume Alonso-Cuevillas en declaraciones a RAC-1. La defensa del ‘expresident’ también ha remarcado que "la relevancia, el componente político y la vulneración de derechos fundamentales que se han producido en el país de origen" hacen que este sea un "caso excepcional".

Así, sus abogados ya han emprendido acciones legales contra la petición de arresto y contra la solicitud de entrega a la justicia española. Pero según la fiscalía alemana, la acusación contra Puigdemont se sustenta en que la celebración del referéndum unilateral del 1-O fue permitido por el Govern a pesar de las advertencias policiales de que podría desencadenar episodios violentos.

REPERCUSIÓN POLÍTICA

El pasado 28 de marzo el flamante nuevo abogado de Puigdemont, el exjuez alemán Wolfgang Schomburg, reclamó la intervención gobierno federal presidido por la cancillera Angela Merkel para evitar la extradición del ‘expresident’ a España. En una entrevista al ‘Süddeutsche Zeitung’, Schomburg remarcó que las acusaciones trazadas por el juez Llarena son "insostenibles" debido a "la ausencia de violencia o amenaza del uso de violencia" por parte del Govern y advirtió de que llevaría el caso ante el Tribunal Constitucional alemán si la Audiencia no deja a Puigdemont en libertad. El Constitucional tiene la potestad de dejar temporalmente sin efecto el fallo de la Audiencia mientras estudia el caso.

Detenido desde el pasado 25 de marzo cuando viajaba en coche desde Finlandia a Bélgica, Puigdemont lleva 10 días en prisión preventiva en el centro penitenciario de Neumünster, en el norte de Alemania. A pesar de que Merkel se ha alineado con su principal aliado en el sur de Europa, Mariano Rajoy, alegando que el arresto del expresidente catalán es un asunto meramente jurídico, los partidos de izquierda en la oposición (Die Linke y Los Verdes) han pedido desde una comisión en el Bundestag hasta la intermediación de la Unión Europea. La decisión, sin embargo, está en manos de los tribunales.

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