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CAUSA POR REBELIÓN

Forcadell y Junqueras niegan la violencia esgrimida por el juez para procesarles

La presidenta de la Mesa del Parlament sostiene que como mucho podría imputársele desobediencia

El exvicepresidente catalán alega que "criminalizar" el proyecto independentista es "un grave error tanto político como legal"

Ángeles Vázquez

Oriol Junqueras, el 2 de noviembre.

Oriol Junqueras, el 2 de noviembre. / AFP / GABRIEL BOUYS

Las defensas de los 25 procesados por el Tribunal Supremo por el 'procés' disponían hasta este martes para recurrir ante el juez Pablo Llarena el auto en el que se les formaliza la imputación por rebelión, malversación o desobediencia. Y no han querido desaprovechar esa bala, imprescindible para poder luego impugnar ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal. Tanto la expresidenta del Parlament Carme Forcadell como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el 'exconseller' Raül Romeva coindicen en sus impugnaciones respectivas en negar la existencia de cualquier tipo de violencia, requisito imprescindible para que se pueda entender cometido un delito de rebelión.

Junqueras sostiene incluso que "decir que la independencia de Catalunya no puede obtenerse pacíficamente o insinuar, como se hace en el auto recurrido, que el Estado debería mantener la vigencia del artículo 155, puesto que el proyecto independentista 'se mantiene larvado' podría lesionar derechos fundamentales como son los de libertad de conciencia o la proscripción de la persecución de la disidencia política en el marco constitucional". Forcadell asevera que "es una persona absolutamente pacifista" y que "si para perseguir su ideología es precisa la violencia, antes abandonará sus ideas que permitir ningún acto violento".

También coinciden los dos en negar la competencia del Tribunal Supremo para investigar unos supuestos delitos que en todo caso se habrían cometido en Catalunya, por lo que, sostienen que deberían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia catalán, lo que, además, no les privaría de la doble instancia judicial.

Declaración de independencia sin efectos

Forcadell sostiene que la rebelión de la que se le acusa es "inexistente" porque no hubo ningún violencia más allá de la policial que causó un millar de heridos el 1-O, por lo que tampoco se habría producido "ningún alzamiento violento y público" y porque la declaración de independencia no tenía "efecto jurídico alguno" y "su finalidad era, exclusivamente y en todo momento, conseguir una vía de negociación con el Gobierno central".

"No hubo ningún alzamiento público y violento para declarar la independencia de Catalunya", sostiene en su recurso. Como prueba señala que cuando se aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno, no se optó por usar a las masas para defender la república y se aceptaron las elecciones convocadas por el Gobierno.

En cuanto a su actuación como presidenta del Parlament, defiende que su conducta siempre se adecuó al reglamento de la Cámara y que el pleno, como "órgano supremo", quien adoptó las decisiones. "Los miembros de la Mesa no tienen facultad, ni deben tenerla, para limitar el debate que los diputados realizan en sede del Parlament haciendo uso del derecho a libertad de expresión y en ejercicio de la representación de la ciudadanía", sostiene para entender que solo podría ser acusada por desobediencia, para inmediatamente quedar exonerada gracias a la inviolabilidad parlamentaria. Este argumento también es esgrimido por la exsecretaria primera de la Mesa Anna Simó para solicitar la revocación del procesamiento.

Criminalizar el Parlament

El recurso de Junqueras y Romeva utiliza un tono bien distinto para tratar de revocar el auto de LLarena. Por ejemplo, considera un ataque frontal a un poder del Estado y a la libertad de discusión parlamentaria "la criminalización" que, en su opinión, se hace "del debate parlamentario y la configuración como indicios de criminalidad de las decisiones y acuerdos del Parlament de Catalunya" que deberían estar protegidos por "la inviolabilidad que asiste a los diputados". 

"Si el proyecto político independentista es legal, como lo es, entonces hacer efectiva la independencia es la consecuencia lógica de dicho proyecto. Los únicos límites a tal actuar político son los del respeto a las vías pacíficas y democráticas y los hechos que se analizan en el auto no demuestran ninguna actuación concreta de imposición de la secesión por la vía de la fuerza o la violencia", argumenta.

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