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EL MARCO JURÍDICO

Alemania prevé de 10 años a cadena perpetua por delitos de rebelión

Para que la entrega entre países pueda efectuarse deben contemplar el mismo delito en sus respectivos códigos penales

Carles Planas Bou

Policías fronterizos alemanes, en un control.

Policías fronterizos alemanes, en un control. / EL PERIÓDICO

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido "retenido" por la policía alemana como consecuencia a la euroorden de detención del Tribunal Constitucional español. Con su detención se abren nuevas incógnitas. ¿Qué puede pasar ahora? Según figura en los acuerdos europeos, los países que comparten el espacio Schengen también comparten una responsabilidad en la ejecución de solicitudes de asistencia judicial internacional.

Así, con la orden europea de detención y entrega emitida por el juez Pablo Llarena, la justicia alemana puede detener preventivamente a Carles Puigdemont para evitar su fuga y estudiar el caso para entregarlo a las autoridades españolas.

Para que esta entrega entre países pueda efectuarse deben compartir la contemplación de ese mismo delito en su Código Penal. Así, a diferencia de Bélgica, la ley alemana apunta a penas de entre 10 años de prisión a cadena perpetua en los casos de “alta traición” - muy similarl delito de rebelión español - que pretendan “socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania por la fuerza o por la amenaza de la fuerza”, un supuesto violento que, no sin polémica, Llarena ha incluido en su auto contra los antiguos responsables del gobierno catalán y líderes del movimiento independentista.

Sin embargo, la legislación alemana también contempla supuestos “menos graves” en los que no se menciona el uso de violencia o la fuerza por parte de los acusados. En este caso, las sentencias pueden variar entre uno y diez años de cárcel cuando la “alta traición” se perpetra contra el Estado federal o entre seis meses y cinco años cuando afecta a uno de los 16 estados federados del país. El procesamiento por delito de rebelión es inédito en la historia moderna de Alemania.

Defensa activada

Consciente de ello, el abogado de Pugidemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que “la defensa jurídica ya está activada” y que se pondrá en contacto con abogados alemanes para que asistan jurídicamente al expresidente catalán en su defensa frente a la euroorden de la justicia española.

Alemania es uno de los países más activos en los procesos de cooperación judicial. Así, en 2015 la primera potencia económica del continente detuvo a hasta 1.635 personas en cumplimiento de euroordenes emitidas por otros Estados comunitarios, de los cuales 1.283 terminaron siendo entregadas. En esos casos la justicia alemana tardó en realizar la entrega una media de 15 días en los que el detenido consintió su extradición y de 47 días en los que se antepuso un recurso. Tan solo 198 de esas peticiones de detención y entrega fueron rechazadas.

A pesar de ese historial de colaboración, en 2005 Alemania y España vivieron un fuerte rifirrafe judicial cuando el Tribunal Constitucional alemán puso en entredicho la norma europea al rechazar la euroorden española para entregar al sirio-alemán Mamoun Darkazanli, acusado de ser una pieza clave de Al Qaeda en los atentados del 11-M.

Por su parte, en 2015 Bélgica entregó a 22 personas y rechazó la extradición de otras 17. Tras conocerse la orden de Llarena, el abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, defendió que Bélgica rechazaría esa nueva euroorden contra el expresidente catalán y los otros cuatro consellers que se encuentran en Bruselas, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.

La cooperación judicial entre Berlín y Madrid y sus similitudes penales en los casos de rebelión han hecho de Alemania un destino no deseado por los exdirigentes catalanes. Así, además de Bélgica, la exconsellera Clara Ponsatí ha optado por instalarse en Escocia mientras que la secretaria general de Esquerra Republicana (ERC), Marta Rovira, lo ha hecho en Suiza.

Aunque según fija la normativa europea tan solo las autoridades judiciales deben mediar en caso de una euroorden también se contempla que los gobiernos de los países implicados puedan prestar asistencia técnica. La sintonía conservadora entre el recién elegido gobierno de la cancillera Angela Merkel y el ejecutivo popular de Mariano Rajoy, su principal aliado en el sur de Europa, asegura una mejor cooperación diplomática. Hace falta ver qué papel juega eso en el caso.

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