Proceso por rebelión y prisión sin fianza para la cúpula independentista

Vio la luz este viernes uno de los autos judiciales más esperados de los últimos años. El que atañe al procesamiento de la cúpula independentista catalana. El juez del Supremo Pablo Llarena concluye que se ha dado un "ataque al Estado constitucional" de una "gravedad y persistencia inusitada sin parangón en ninguna democracia del entorno". Y señala por delito de rebelión (que puede ser penado hasta con 30 años) a 13 personas, un nutrido grupo de líderes secesionistas en el que se incluyen el expresident Carles Puigdemont, quien fue su vicepresidente, Oriol Junqueras; el exconseller y aspirante a la presidencia Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; los responsables de la ANC y Omnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y la republicana Marta Rovira,que ha optado por huir de España y no presentarse a su cita en el Supremo.

Con esta decisión Rovira logró esquivar la prisión de momento, pero provocó que el magistrado en consonancia con la fiscalía dictase contra ella orden de búsqueda y detención internacional. Y de paso influyó, según dejó Llarena por escrito, en la determinación de encarcelar sin posibilidad de fianza a los otros cinco políticos que el viernes fueron citados en el Alto Tribunal –todos ellos acusados también de rebelión– al entender que existía "grave riesgo de fuga". 

Fue sin duda la noticia de que Forcadell y Bassa regresaban a la madrileña prisión de Alcalá Meco y que Turull, el presidenciable, Romeva y Rull serían conducidos a Estremera, la que más impacto tuvo en la jornada, una vez se había digerido la marcha de la número dos de ERC. Las reacciones políticas se sucedieron y las protestas volvieron a las calles catalanas. Pero Llarena alegó que una vez desvelado que el delito de rebelión estaba sobre la mesa, lo más razonable a su entender era neutralizar el riesgo de huída detectado.

Además, el instructor sacó a colación en el auto de prisión la falta de respeto que, antaño, los exconsejeros mostraron por decisiones judiciales y añadía que sus diligencias, así como el rastro dejado por  los propios acusados, evidenciaban la intención de continuar con el proceso secesionista cuando finalizara el despliegue del 155 en Cataluña.

El Libro Blanco o la hoja de ruta

Se reactivo asimismo la euroorden de detención contra Puigdemont, Serret, Ponsatí, Puig y Comin.  Todo eso un viernes marcado para la posteridad por un detallado auto de procesamiento en el que Llarena explica, con detalle, que todo empezó el 19 de diciembre de 2012, cuando Artur Mas firmó con Oriol Junqueras el Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya. Para el juez, ha sido fundamental concluir que de ahí nació el  Libro Blanco para la Transición Nacional de Cataluña, Libro Blanco para la Transición Nacional de Cataluña que es la guía clave que ha seguido la cúpula independentista hacia la secesión.

En dicho libro, relata Llarena, se adelantaba que se utilizaría cuando llegase el momento el "poderío de la masa" social para impedir que el Estado, a través de las Fuerzas de Seguridad, entre otras cosas, frenase la desconexión. Eso ocurrió en su opinión el 1-O, con la colaboración de los Mossos, como también sugiere ya en este auto.

LLarena considera que lo sucedido el 20 de septiembre en la Consellería de Economía supuso un experimento fundamental y previo al referéndum para ver cómo parte de los gobernantes catalanes, en vez de garantizar la ley, impulsaban que asociaciones como ANC y Omniùm llamaran a la resistencia pasiva para, en realidad, fomentar la violencia a través del choque con los agentes de seguridad. Lo que para el juez es caer en la rebelión.

El instructor ha acusado a otros cinco exconsellers de desobediencia (también a la expresidenta y a la portavoz de la CUP) y de malversación de fondos. Esta última figura penal también afecta a los procesados por rebelión que han sido encarcelados o están huídos. Por último se han establecido fianzas por responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros, que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Govern procesados.