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EL PROCESAMIENTO DE LOS LIDERES INDEPENDENTISTAS

Las imputaciones del juez Llarena a los 25 procesados por el 1-O

Sobre 13 encausados pesa una acusación de rebelión, la más grave en este caso

Imagen de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el Parlament, en junio del 2016.

Imagen de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el Parlament, en junio del 2016. / ARCHIVO / ALBERT BERTRAN

El auto de procesamiento del magistrado Pablo Llarena argumenta en torno a tres figuras penales: la rebelión, la malversación y la desobediencia.  Sobre 13 encausados, de un total de 25 (tres han salido del proceso), pesa una acusación de rebelión, la más grave en este caso.

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Se atribuye específicamente la malversación a los 'exconsellers' que, controlando fondos o recursos públicos, pudieron dedicarlos a sufragar un referéndum declarado ilegal.

La desobediencia pesa sobre aquellos parlamentarios que desoyeron al Tribunal Constitucional.

Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn: Delitos de rebelión y malversación

El juez les atribuye haber participado en una reunión de coordinación policial el 28 de septiembre, en la que recibieron advertencias de los Mossos d'Esquadra "del grave riesgo de incidentes violentos" si se celebraba el referéndum, y cuando ya "conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía", pese a lo cual
decidieron continuar con el referéndum. Los tres son acusados también de llamar a la población a la movilización y de impulsar un operativo policial de los Mossos que posibilitara "que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado".

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart: Delito de rebelión

Como líderes de la ANC y Òmnium, movilizaron "a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza" que se opuso a la policía cuando ésta intentaba impedir el referéndum. El auto de procesamiento les atribuye también responsabilidad en las movilizaciones del 20 de septiembre.

Jordi Turull: Delitos de rebelión y malversación

Según el juez Llarena, como portavoz del Govern impulsó la movilización, desplegó la propaganda del referéndum y coordinó el reclutamiento de voluntarios y las infraestructuras informáticas de la consulta.

Marta Rovira: Delito de rebelión

El auto de procesamiento acusa a la dirigente de ERC, Marta Rovira, de tener una participación esencial en el impulso en el Parlament a una legislación de soporte a la independencia, en la coordinación de distintos sectores de la administración y en conseguir una plena disponibilidad de centros de votación.

Raül Romeva: Delitos de rebelión y malversación

Acusado de favorecer el reconocimiento de una república catalana en el extranjero a través del ente Diplocat y de atender a observadores internacionales el 1 de octubre. El auto le señala también como impulsor de la creación de estructuras de Estado y de infraestructuras para posibilitar el voto electrónico de catalanes residentes en el
extranjero.

Carme Forcadell: Delito de rebelión

El auto de procesamiento cita con profusión a la expresidenta del Parlament. Está acusada de someter al voto parlamentario una "legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso", desoyendo e incumpliendo las advertencias y prohibiciones del Tribunal Constitucional.

El auto empareja su participación con una fase final del 'procés' que el juez considera violenta, por ejemplo participando en la manifestación del 20 de septiembre y arengando a la población a concentrarse ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Según el auto, puso el Parlament al servicio "del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república".

Antoni Comín y Dolors Bassa: Delitos de rebelión y malversación

A los dos 'exconselleres' les atribuye Llarena poner los locales dependientes de sus departamentos a disposición del referéndum y sufragar en parte con cargo al presupuesto de sus consellerías los gastos en papeletas, censo y citaciones a los miembros de las mesas electorales.

Clara Ponsatí: Delitos de rebelión y malversación

Se la procesa por poner las escuelas que controlaba al servicio del referéndum.

Josep Rull: Delitos de rebelión y malversación

El auto le señala como participante en reuniones de diseño de la estrategia para la independencia y, particularmente, como la autoridad que impidió que atracase en Palamós un ferri que iba a dar alojamiento a policías antidisturbios.

Meritxell Borrás, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret: Delitos de desobediencia y malversación

Cuando aprobaron, como 'consellers', el decreto 139/2017, el que convocaba el referéndum, desobedecían los requerimientos del Tribunal Constitucional. El auto les atribuye también el uso de fondos públicos para fines distintos de aquellos para los que fueron habilitados.

Lluís María Corominas, Luis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet: Delito de desobediencia

A los miembros de la mesa del Parlament les atribuye una "tenaz y perseverante desatención" de los requerimientos que les hizo el Constitucional para que pararan resoluciones parlamentarias nulas.

Anna Gabriel y Mireia Boya: Delito de desobediencia

Según el auto, incurrieron en ese delito con respecto a los fallos del Tribunal Constitucional al registrar en el Parlament la Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República y cuando presentaron la proposición de Ley del Referéndum de Autodeterminación.

Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras: Excluidos del procesamiento