La fiscalía abre diligencias a Turull por traspasar patrimonio a su esposa estando investigado

La Fiscalía Superior de Catalunya ha ordenado abrir diligencias de investigación a Jordi Turull, candidaro a presidir la Generalitat, por poner haber puesto presuntamente una parte de su patrimonio a nombre de su esposa, María Blanca B.R., pocos meses antes de la celebración del referéndum de 1-O.

Según el escrito del fiscal, Jordi Turull podría haber cometido un delito de alzamiento de bienes del que pueden ser responsables él y su mujer. Las diligencia se centran en un "negocio jurídico de donación" que el pasado 8 de junio firmaron el entonces conseller de Presidencia y su esposa, que también está siendo investigada por el ministerio público.

La fiscalía contra la corrupción constató que ambos formalizaron un negocio jurídico en junio del 2017, por el que él "se desprendió de una parte importante de su patrimonio" en favor de ella, y que además está investigado por el Tribunal Supremo, que le podría reclamar responsabilidades civiles que deba satisfacer.

Decreto firmado el jueves

En un decreto firmado el jueves, justo cuando Turull se sometía a la investidura, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, detalla que la investigación se ha abierto tras recibir el pasado 15 de marzo un escrito del fiscal jefe de Fiscalía Anticorrupción en el que le adjuntaba la documentación relativa a la formalización de esta donación de patrimonio.

La Fiscalía Superior apunta que es un "hecho notorio" que Turull se halla involucrado como investigado en la causa del Tribunal Supremo por el proceso unilateral a la independencia, "no resultando descartable que del resultado de dicho proceso se deriven responsabilidades civiles a cuya satisfacción podría resultar obligado".

"En tales circunstancias, la celebración de un negocio jurídico gratuito por el que Turull se desprendió de una parte importante de su patrimonio situándolo bajo la titularidad de su esposa, podría resultar indiciaria de la comisión de un delito de alzamiento de bienes", sostiene el fiscal superior de Cataluña en su escrito.

Fianza de 2,1 millones de euros

En el auto en el que procesa a Turull por rebelión y malversación, el magistrado del Supremo Pablo Llarena fija una fianza de 2,1 millones de euros como garantía de responsabilidad civil, que tendrá que ser solidariamente prestada por el exconseller de Presidencia y los otros doce miembros del Govern destituido de Carles Puigdemont.

La investigación por el delito de alzamiento ha recaído en manos del fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio, de la Fiscalía Superior de Catalunya, dada la condición de aforado de Turull, que es diputado en el Parlament por el grupo de JxCAT y que en la anterior lo era por el grupo conjunto entre PDeCAT y ERC, JxSí.