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Caso Pasarelas

El expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez pagó por un informe que nadie encuentra

El juez llama a declarar al exlíder del PP de Murcia por nuevas evidencias de irregularidades en la contratación de obras públicas

Ni el colegio murciano de arquitectos ni el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras hallan un estudio que costó 9.200 euros y justificó una obra de 54.000

Juan José Fernández

Pedro Antonio Sánchez anunció su dimisión el 4 de abril de 2017.

Pedro Antonio Sánchez anunció su dimisión el 4 de abril de 2017. / Marcial Guillen (EFE)

El expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pagó con dinero público a su arquitecto de confianza, Martín Lejarraga, por un informe que no aparece por ningún lado, según las últimas evidencias que obran en la instrucción del ‘caso Pasarelas’. Así lo indica una carta del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia incorporada al sumario del caso el pasado 16 de marzo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"Realizada la búsqueda en los archivos colegiales, no consta en los mismos la presentación ni en el año 2006 ni en ninguna otra fecha de trabajos de estudio previos, ni anteproyecto de acondicionamiento de espacios públicos, pasarelas, en Ronda de Nogalte, de Puerto Lumbreras". Estas líneas encabezan el documento colegial, que es una de las evidencias clave de cara a la comparecencia prevista para este viernes 23 del expresidente Sánchez y el arquitecto Lejarraga, en calidad de investigados, ante el Juzgado de Instrucción 3 de Lorca.

Pagos irregulares

El titular de ese juzgado, magistrado Antonio Morente, investiga las supuestas ilegalidades, entre ellas posibles prevaricación y malversación de fondos públicos, en la rehabilitación y embellecimiento en 2007 de un puente y una pasarela sobre el cauce seco (rambla) del río Nogalte, en la localidad murciana de Puerto Lumbreras. Pedro Antonio Sánchez era entonces el alcalde, y Martín Lejarraga su arquitecto preferido, y también el preferido de diversos ediles del PP murciano.

El ‘caso Pasarelas’ es una escisión del ‘caso Auditorio’-el supuesto pago de una obra pública millonaria al mismo arquitecto sin que la hubiera terminado-, que ha dado al traste con la carrera política de quien llegó a la presidencia autonómica y del PP regional auspiciado por el aparato de Génova. En abril de 2017, Sánchez dimitió de su cargo para afrontar sus batallas judiciales.

No aparece

El juez ha citado a ambos imputados para que expliquen, entre otros asuntos, el misterio de un informe de estudios previos pagado con cargo al erario que no aparece por ninguna parte. El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras también certifica, con un documento fechado el pasado 1 de marzo, que no está entre sus archivos ningún “estudio previo” de la obra sobre el Nogalte.

Pero sí se guardan en sus archivos un conjunto de notas de contabilidad con el pago del informe, por 9.200 euros, la factura presentada por Martín Lejarraga por un "estudio previo" y, también, la firma de Sánchez aprobando el dispendio en una nota de “obligaciones” del presupuesto municipal.

El Juzgado 3 de Lorca trata de aclarar si ese pago forma parte en realidad de un conjunto de pequeños pagos fraccionados hasta sumar más de 54.400 euros. La instrucción judicial ha apreciado en este caso, de momento, la existencia de un conocido truco para conceder obras sin pasar demasiados controles: "La tramitación de diferentes expedientes de contratación con infracción de la Ley de Contratos, fraccionándose el objeto del contrato en la prestación de varios servicios, siempre de cuantía inferior a 12.020 euros, que es el límite máximo para considerarlo un contrato menor", según explicó la instructora del ‘caso Auditorio’, Consuelo Andreo, antes de desgajarlo de su causa.

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