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VISTAS JUDICIALES

El fiscal general ordena facilitar la libertad del Forn pero no la de Sànchez

La defensa del candidato a 'president' esgrime que dejará el escaño "en unos días" para quedar libre

La fiscalía se pronunció contra la excarcelación del 'exconseller' hace una semana, pero ahora ve razones humanitarias

Ángeles Vázquez

El furgón que traslada a Jordi Sànchez, a su llegada al Tribunal Supremo.

El furgón que traslada a Jordi Sànchez, a su llegada al Tribunal Supremo. / DAVID CASTRO

La causa por rebelión, sedición y malversación que se sigue en el Tribunal Supremo contra los responsables de la declaración unilateral de independencia de Catalunya logra esquivar la normalidad hasta en los trámites aparentemente más reglados. Hace solo nueve días la fiscalía se opuso a excarcelar al 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, al apreciar que seguía existiendo riesgo de reiteración delictiva, y este martes, en la vista con la que se resolverá un recurso anterior a esa solicitud, ha planteado que quede en libertad con una fianza de 100.000 euros.

En su intervención ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal, el fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena ha sido muy escueto y prácticamente solo ha apelado al "imperativo legal" y al cumplimiento de las instrucciones dadas por el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, para considerar conjurado el riesgo de la reiteración con la imposición de una fianza similar a la que en su día el juez Pablo Llarena fijó para los demás exmiembros del Govern, salvo el exvicepresidente Oriol Junqueras al que envió a prisión.

La nueva posición fiscal no tiene por qué ser asumida automáticamente por la Sala, porque la acusación que ejerce Vox defendió que permanezca en prisión. El tribunal se pronunciará en los próximos días. En la segunda vista de apelación celebrada este martes el ministerio público sí mantuvo su criterio y defendió que el candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, debe seguir en prisión por riesgo de reiteración delictiva, posición que coincide con la de la acusación popular. Pero también se sale de la normalidad de los procedimientos judiciales que se conozca por el alegato de su abogado que el número dos de Junts per Catalunya renunciará a su carrera política "en los próximos días" para poder quedar libre y volver con su familia.

Motivos ya conocidos

El artículo 25 del Estatuto orgánico de la carrera fiscal prevé que el fiscal general "podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos". Pero todos los motivos alegados ahora por el ministerio público para facilitar la salida de prisión de Forn estaban ya en su último escrito solicitando la libertad, todavía en manos del juez Pablo Llarena, y no fueron suficientes para que entonces apoyara la pretensión del imputado.

En una nota, la Fiscalía General del Estado alega varias razones para justificar su cambio de criterio: que Forn es portador de la tuberculina, lo que significa que en algún momento de su vida ha estado en contacto con la tuberculosis, pero no ha desarrollado la enfermedad, y que el pasado 24 de enero renunció a su acta de diputado, lo que demuestra su intención manifiesta de cesar su actividad política, lo que neutraliza el riesgo de reiteración delictiva. Ambos extremos estaban ya en la última petición de libertad de Forn.

El 'exconseller' fue trasladado a la Audiencia Nacional desde la cárcel Estremera en la que está internado desde el pasado 2 de noviembre, pero no llegó a ir al Tribunal Supremo, al no entender necesario expresarse con sus propias palabras ante la Sala. Sànchez, en cambio, en Soto del Real desde el pasado 16 de octubre, optó por negar él mismo ante el tribunal el liderazgo que se le atribuye para movilizar a la ciudadanía, en la que se funda el riesgo de reiteración delictiva que se le imputa, y haber recibido en algún momento alguna notificación judicial que pudiese haber desobedecido.

Limitación del pasaporte

La Fiscalía no quiere que los seis huidos en la causa campen a sus anchas por Europa, pero, consciente de que una orden de detención internacional tiene pocos visos de prosperar, ha decidido limitar las diligencias que anunció la semana pasada a sus pasaportes. Este martes pidió al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que retenga los de Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Anna Gabriel, al ordenar anular su vigencia y validez mientras estén imputados.

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