El Govern redactó cartas para comunicar a la UE la independencia

El correo electrónico de los exmiembros del Govern imputados por rebelión, sedición y malversación constata su disposición para alcanzar la independencia unilateral de Catalunya tras el 1-O. El caso más elocuente es el de la 'exconsellera' de Agricultura Meritxell Serret, huida a Bélgica junto al 'expresident' Carles Puigdemont, a la que se intervinieron dos cartas dirigidas a la Unión Europea (UE) en las que se define a sí misma como "ministra de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación" del "Gobierno de Catalunya".

Las misivas, fechadas el pasado 27 de octubre, el día en que se proclamó la independencia unilateral, se dirigen al comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, y al de Agricultura y Desarrollo Local, Phil Hogan. En ellas se informa de que "el Parlamento de Catalunya, atendiendo el mandato expresado por los ciudadanos catalanes, ha proclamado la independencia de Catalunya y su constitución como república". 

El objetivo de Serret era "reiterar el compromiso" del Govern, a través de su departamento, para "continuar cumpliendo todas" las "obligaciones con los programas de la Comisión Europea con la misma calidad y niveles de seguridad jurídica" que mostraron "siempre".

Convencidos de la secesión

La conclusión de la Guardia Civil es que, pese a lo declarado ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la mayoría de los imputados, la declaración de independencia "no fue meramente simbólica sino que a nivel institucional muchos actores estaban convencidos de ella, hasta el punto de presentarse, en este caso Serret, como ministra de la república catalana".

El último informe incorporado al alto tribunal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, hace un pormenorizado relato de los indicios existentes contra los 28 imputados. También detalla a través de correos, documentos intervenidos, declaraciones públicas e intervenciones telefónicas, la participación que tuvieron otros altos cargos de la Generalitat o los vicepresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural que no están siendo investigados, al menos todavía, por el Supremo.

En el caso de los 'exconsellers' Toni Comín, Clara Ponsatí y Dolors Bassa resalta que quisieron "asumir toda la responsabilidad al quitar a los funcionarios" la que les pudiera corresponder "sobre los puntos de votación" que dependían de ellos para poder realizar el referéndum.

Acuerdo sobre los gastos

En cuanto al dinero que pudo ser malversado en la celebración de un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, la Guardia Civil se remite a la investigación ya realizada por el Juzgado número 13 de Barcelona. Destaca un correo remitido por el actual secretario general de Treball, Josep Ginesta Vicente, a Bassa, en el que, según el informe, "se demuestra que el Govern mediante un acuerdo tomado por todos los miembros del mismo aprueba el gasto y las acciones necesarias para la celebración del referéndum unilateral de independencia". Los expertos añaden que esas acciones eran necesarias para cubrir las necesidades logísticas de una votación que "pretenda gozar de cierta legitimidad".

Así, el exvicepresidente Oriol Junqueras, junto a Comín, Bassa, Jordi Turull y Lluís Puig, asumieron como correspondientes a sus respectivas consejerías una parte del gasto de los 979.661 euros que la Generalitat pagó a Unipost para la fabricación de papeletas y otro material impreso necesario para el 1-O.

También se abonaron 224.835 euros para la campaña de registro de catalanes en el exterior, que, según el acuerdo alcanzado, serviría para la creación de un censo para los residentes de fuera de España, y 277.804 más para la publicidad del referéndum, que autorizó el departamento de Presidència.

Partida para una campaña

El informe incluye también los correos cruzados entre Turull y Junqueras en los que el primero presiona para obtener una partida extraordinaria de 3.430.000 euros para una campaña de contenido cívico. Vicepresidència autorizó el gasto y salió el concurso, pero quedó desierto. El pago de 119.700 euros por el Diplocat al The Hague Center for Strategic Studies para el envío de observadores también consta en el documento.