Valencia les abre el melón de la reforma constitucional a Rajoy y a Sánchez

Mientras languidece en el Congreso la comisión para desenredar el nudo territorial, el más gordo de una hipotética reforma de la Constitución, el Gobierno valenciano del PSPV y Compromís ha tratado de agitar el tablero de la negociación pidiendo voz en el debate para las Comunidades Autónomas y presentando una propuesta propia que supera el modelo federal del PSOE.

Más allá de Madrid…

Ximo Puig, president de la Generalitat, volvió, hace unos dias, a hacer referencia a la necesidad de paralizar la "contrarreforma recentralizadora", un clásico de su discurso en los últimos meses que vincula expresamente al ejecutivo de Mariano Rajoy pero que parece incluir también un mensaje a Pedro Sánchez. Puig lleva meses perfilando una voz propia (suya y del PSPV) ante Ferraz y junto con Compromís está dispuesto a dar la batalla para que el debate de la reforma salga de Madrid y sus actores principales. Es decir que no sea un pacto exclusivo entre el presidente y el líder de la oposición de turno, como Zapatero y Rajoy con el artículo 155 o el propio Rajoy y Sánchez ahora dando vía libre a la apertura del debate.

La propuesta valenciana reclama que más allá de los aspectos formales que regula el Título X se abra “una dinámica de debate público” en la que las Comunidades Autónomas tengan “un papel especialmente reconocido” tras haberse "constituido ‘de facto’ en sujetos políticos" del sistema. "A la hora de la reformarla es inimaginable que no dispongan de espacio de participación”, desliza el documento que deja la puerta abierta a “una acción conjunta" de todas las que se quieran unir.

…y de las propuestas federales socialistas

El PSOE lleva desde que salió de la Moncloa pidiendo cambios en el texto de 1978. En este lustro, les ha dado tiempo a esbozar sus intenciones en la Declaración de Granada, en la de Barcelona, que pedía reconocer "las aspiraciones nacionales" de Catalunya, y en una propuesta sin ciudad que le diera nombre de octubre de 2015. La del Consell va bastante más allá en varios capítulos aunque compartan un espíritu federal.

Los socialistas tradicionalmente han propuesto una lista exhaustiva de las competencias estatales y una referencia a que el resto serían de las Comunidades Autónomas, que también tendrán su lista. La propuesta valenciana da libertad a las autonomías para elegir su organización y eliminaría referencias a provincias y diputaciones, incluye cláusulas que blindarían competencias ante ‘recentralizaciones’ y elimina la suspensión automática de una ley autonómica recurrida por el Gobierno central.

En participación, los socialistas hablan de favorecer las primarias o de rebajar los requisitos para las Iniciativas Legistlativas Populares. En cambio, el texto valenciano apuesta, como Podemos, por una ley electoral más proporcional que la actual D’Hondt, rebaja la edad para votar a los 16 años o reduce a 300.000 firmas o al acuerdo de tres parlamentos autonómicos los requisitos para referéndums consultivos, de los que sólo estarían excluidos cuestiones tributarias y que rebajen derechos.

En este último apartado, el PSOE ha pedido blindar la sanidad universal y la igualdad, incluida la Corona, y en la propuesta del Consell se añaden la renta básica, la muerte digna o la orientación sexual. Las propuestas socialistas remarcan la necesidad reconocer y dar valor a hechos diferenciales y lenguas propias y la valenciana de “corregir la asimetría” entre el castellano y el resto de idiomas cooficiales y “asegurar los derechos” de sus hablantes

La financiación, mandan las personas

Caballo de batalla del gobierno valenciano esta legislatura, la propuesta de financiación tiene una concreción que no ha tenido ninguna socialistas y un mensaje directo a Rajoy, que recientemente subrayó la importancia que quiere darle a la “dispersión y a la despoblación”. Los parámetros “básicos” del Consell serían las personas. “En el cálculo se debe atender a magnitudes objetivas, factores demográficos, tanto en cuanto al número de habitantes como a sus características”, recoge el texto.

Una de sus grandes novedades es la inclusión de una disposición transitoria para la compensación del déficit acumulado por una financiación “reiteradamente inferior a la media”. Es decir, la deuda histórica. Otro melón que apuntan que debe estar resuelto “en un plazo no superior a cinco años”.