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CORRUPCIÓN EN MARBELLA

Juan Antonio Roca, el cerebro del 'caso Malaya', recupera la libertad tras 12 años en prisión

El exasesor urbanístico de Marbella obtiene el tercer grado tras ofrecerse a colaborar con Cáritas en la reinserción de presos

Julia Camacho

Juan Antonio Roca, en noviembre del 2016, en su primer permiso penitenciario.

Juan Antonio Roca, en noviembre del 2016, en su primer permiso penitenciario. / MARCIAL GUILLÉN (EFE)

El cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y principal condenado en el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, ha recuperado la libertad tras pasar casi 12 años de prisión. Detenido el 29 de marzo del 2006 y condenado en varias causas con penas que superan los 50 años, logró el tercer grado penitenciario hace unos meses, pero no ha sido hasta ahora cuando ha abandonado la prisión. El exasesor urbanístico de Marbella no deberá ir a dormir a prisión, ya que se le ha colocado una pulsera para su seguimiento telemático.

Para concederle el tercer grado, el juez de vigilancia penitenciaria ha tomado en cuenta su buen comportamiento, el avanzado grado de cumplimiento (ya que en 2016 las penas se refundieron en una sola con el tope del máximo legal establecido de 20 años), su positiva evolución y la asunción de los delitos cometidos.  Además, el exhombre fuerte del consistorio marbellí, donde llegó a principios de los años 90 de la mano de Jesús Gil, ha presentado una oferta de trabajo y además se ha comprometido a trabajar “de forma voluntaria y sin retribución” en un centro de Cáritas dedicado a la reinserción de exreclusos, según adelantó este lunes Diario Sur. Este compromiso, según la argumentación del juez, servirá para poner “al servicio de personas desfavorecidas los conocimientos” de Roca en actividades  desarrolladas dentro de la prisión como el acompañamiento a los usuarios, el asesoramiento jurídico en sus procedimientos o el apoyo en el tratamiento de “secuelas de prisionalización”. 

Deuda de 70 millones

 Además de la prisión, Juan Antonio Roca fue condenado a indemnizar a la ciudad de Marbella, para lo que se habilitó una página web para subastar todo su patrimonio por un total de 75 millones de euros. El exasesor de Urbanismo ya ha satisfecho parte de su deuda, aunque aún debe a las arcas locales 70 millones de euros. La última venta fue un lote de relojes de lujo adjudicados en 57.000 euros. Asimismo, el ayuntamiento aspira a que el Ministerio de Hacienda revierta dos de las parcelas propiedad de Roca a la ciudad a fin de construir una zona deportiva y una ciudad de la justicia.

Con Malaya empezó todo

Roca está condenado por los casos Malaya, Saqueo 1, Saqueo 2, Minutas y Desaladora, entre otros, y está incurso en más de un centenar de causas urbanísticas. Su salida de la cárcel se produce poco antes de que se cumplan 12 años de la operación Malaya, el primer gran escándalo urbanístico que supuso un aldabonazo en las conciencias contra la corrupción.

Malaya no solo sacó a la luz un modo de proceder que luego se ha visto en otras comunidades, con promotores construyendo a la carta en función de la mordida que pagaran, como Madrid o las Islas Baleares, sino que además provocó la primera disolución de un consistorio elegido democráticamente en España por “gestión gravemente dañosa”. Y es que Jesús Gil y sus discípulos, con Roca a la cabeza pero también Julián Muñoz o Marisol Yagüe y el resto de concejales dejaron ver que su único interés político era convertir el urbanismo de la ciudad en su fuente de riqueza.

Transcurrida más de una década, la ciudad ha recuperado la normalidad institucional, con mayorías absolutas, acuerdos de gobierno y mociones de censura no exentas de polémica, como la promovida el pasado verano por el PP tras asociarse con una formación independiente, Opción Sampedreña, que desde 2015 formaba parte de un tripartito con PSOE e IU, y al que apoyaba sin formar parte del equipo de gobierno el de la lista afín a Podemos (Costa del Sol sí se Puede).

Pero el daño causado a la ciudad se mantiene muy presente en la falta de infraestructuras y suelo para equipamiento público básico. Por si fuera poco, la ciudad se encuentra sin planeamiento urbanístico vigente, después de que el aprobado en 2010 con el apoyo de los grandes partidos (PP y PSOE), el primero tras la era Gil y que precisamente concedía la amnistía a más de 16.000 viviendas construidas de forma ilegal durante esos años, fue anulado en el Tribunal Supremo al entender que el Consistorio de Marbella no tenía capacidad para legalizar lo ilegalmente construido. En la actualidad, la ciudad trabaja con un planeamiento de 1986 adaptado a la normativa urbanística regional, a la espera de que se saque a concurso la redacción del nuevo PGOU.