Jefes de los Mossos de Lleida se conjuraron para blindar el 1-O

Un grupo de jefes de los Mossos en Lleida estaban siendo investigados por el tribunal número 4 de su localidad por un posible delito de desobediencia el 1-O, pero las pesquisas que desde hace meses viene realizando la policía judicial en torno a ellos –especialmente la que afecta al volcado de sus teléfonos y mensajería- apunta ya a otras posibles figuras penales como la falsedad documental o la sedición. Los investigadores dan por hecho que existen indicios de que "utilizaron la fuerza mediante la instrumentalización de la sociedad civil" en aquella jornada. Les achacan el haber difundido o permitido la difusión de instrucciones e información reservada adquirida gracias a sus cargos para impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran evitar la celebración de la consulta como ordenó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Entre los cargos policiales que se consideran ya de claro interés para la investigación están el comisario jefe Xavier Monclús, responsable de esta Región policial; el inspector Roderic Moreno, de quien dependió la Sala de Ponent desde la que se daban órdenes a los agentes de área la jornada del referéndum, y el inspector Xavier Salvador Ribelles, responsable de Seguridad Ciudadana, aunque son muchos más los mossos (y alcaldes) que en estos momentos están bajo la lupa del tribunal. Así consta en un extensísimo informe de la Guardia Civil que entregado hace unas semanas en el citado juzgado y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Los investigados, y pese a la obsesión demostrada por usar canales de comunicación seguros, dejaron rastro digital sobre polémicos hechos en los que participaron, por acción o por omisión, el 1-O. También evidencias de cómo engañaron a Policía y Guardia Civil o dieron instrucciones para vigilarlos, facilitando o no evitando que asociaciones y políticos locales vinculados a la resistencia en los colegios se hicieran con datos muy sensibles, incluidas identificación de matrículas o de 'secretas' a petición de particulares o los lugares a dónde se dirigían o donde después pernoctaban agentes de esas fuerzas de seguridad. El comisario Monclús llegó a enviar un 'e-mail' el 1-O reclamando informe de todos sus movimientos.

"La cocina" policial del referéndum

Se le otorga gran importancia en las diligencias judiciales a un chat de Whatsapp en el que, el 29 de septiembre, participaron 21 jefes de los Mossos. Llegó noticia de que representantes de la Guardia Civil y la Policía iban a estar presentes en el CECOR de Lleida (sala de mandos para supervisar el dispositivo policial 'Ágora') y buscaron "una estrategia" para crear dos salas, al admitir que los otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de ningún modo podían estar "en la cocina". "Sí, y donde ellos estén hemos de tener un poco de actividad […], que si no….", se apuntó entonces.

Esta parte de la citada conversación por chat, que protagonizan el comisario Monclús y el inspector Moreno, hace concluir a los investigadores que se establecieron el 1-O no uno, sino dos centros de coordinación: el primero en el que se trató de "fingir" el acatamiento al mandato judicial por haber efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional como testigos. Y un segundo, solo de mossos, del que partieron órdenes para dar "amparo y seguridad" e incluso "colaborar" con el referéndum."colaborar" con el referéndum

Los nexos "de confianza" de Rovira

Uno de los señalados, el inspector Moreno, mantuvo además contactos con ERC y consiguió (sobre la ocultación de material electoral) y transmitió información delicada, según diligencias de la Guardia Civil tras analizar su móvil. Chateó de forma continuada en los días previos al 1-O con Joan Ballana, regidor del Ayuntamiento de Vic, por el que la policía judicial también muestra interés en su investigación. El inspector Moreno consideraba a Ballana "persona de confianza de Marta Rovira", según se desprende de su propia agenda y le facilitó instrucciones recibidas de las autoridades judiciales y la cúpula de la policía autonómica, dirigida por Josep Lluís Trapero. Por su lado, Ballana transmitía siempre el flujo informativo recibido, contestando a su interlocutor con frases como "ok, lo paso!"; "transmito tu información" o "ya he avisado a los alcaldes".

Para elaborar el extensísimo informe que la Guardia Civil ha depositado en el juzgado 4 de Lleida se han analizado 8.836 conversaciones telefónicas, tres terminales móviles, documentación en formato papel, digital, vídeos y contenido audiovisual. De ello se desprende además que no se dieron instrucciones a la policía local -véase el correo de Ferran López al respecto- y que algunos de los mandos ya citados de Lleida partiparon en el movimiento 'Mossos per la independència' y tenían estrecha relación con el jefe de los bomberos de la zona. Asimismo conocían el plan premeditado de que ciudadanos llamaran a este cuerpo el 1-O avisando de que había fuego en colegios cerrados, a fin de que los abrieran.

También hay indicios de posible falsedad documental. Así se refleja en un 'chat' entre mandos de los Mossos de Lleida en la que se solicita a los agentes por parte de Jordi Dalmau, subjefe de unidad, que añadan en las actas que habían cerrado ellos algunos colegios electorales por voluntad propia que, en realidad y según consta en esos mismos mensajes, se habían encontrado ya clausurados al llegar o ni siquiera habían llegado a abrir.