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NUEVA SOLICITUD ANTE LA SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Sànchez pide al TS que decida con urgencia si le deja ir al pleno de investidura

El diputado considera que con la negativa se vulnera no solo sus derechos políticos, sino los de los votantes

J. G. Albalat

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a su llegada a la Audiencia Nacional, el pasado 16 de octubre.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a su llegada a la Audiencia Nacional, el pasado 16 de octubre. / JOSÉ LUIS ROCA

El dirigente independentista y diputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez ha solicitado a la sala penal del Tribunal Supremo que tramite con la máxima urgencia el recurso presentado este lunes contra la decisión del juez Pablo Llarena de rechazar su petición para poder acudir al pleno del Parlament para su investidura. El político ha solicitado que se anule dicha resolución y que se le permita salir de la cárcel.

Según el escrito, están en juego "no solo los derechos políticos" de Sànchez, sino también los de "los millones de votantes de los partidos que eventualmente apoyarían su investidura", a la vez que recuerda que, tal y como ha sostenido el Tribunal Constitucional, la investidura tiene que ser presencial.

El recurso presentado por el abogado de Sànchez, Jordi Pina, señala que la decisión de no dejar salir de la cárcel al dirigente independentista comporta "graves lesiones" no solo sus derechos fundamentales, sino también el de sus votantes y los valores fundamentales del ordenamiento constitucional, como la democracia, el pluralismo político, la autonomía "política" de Catalunya y la división de poderes. Según el letrado, la privación al diputado de defender su candidatura supone la "evidente imposición de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable en ningún delito". 

Inviolabilidad parlamentaria

El abogado subraya que la privación a Sànchez de defender su investidura ante el riesgo de que en su discurso pueda incurrir en un supuesto nuevo delito colisiona con la inviolabilidad que ostenta los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus cargos. Argumenta también que la decisión de Llarena "suponen una grave restricción de la democracia", por cuanto se impide a una cámara parlamentaria designada por sufragio escoger al candidato con más apoyos, y, además, vulnera "el derecho al pluralismo político, por cuanto, aduciendo para la denegación un posible riesgo de reiteración, se criminalizan determinadas ideas que el candidato pueda llegar a proponer aun cuando su realización se proponga por vías pacíficas".

El letrado califica de "inaudito" que, en un sistema donde rige la división de poderes, un tribunal efectúe "tan abiertamente manifestaciones acerca de la oportunidad política de elegir a unos candidatos y no a otros por parte de un Parlament".  Y destaca que "en un sistema democrático mínimamente respetuoso con las libertades ciudadanas nunca riesgos sobre el orden público basados en intuiciones personales o riesgos de futuros delitos de improbabilísima comisión pueden legitimar vulneraciones" de  "tantos" derechos fundamentales. El escrito incluye diferentes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ahora, se ha descartado recurrir a esta instancia.

La fiscalía, contra la libertad de Cuixart y Forn

La fiscalía, por otra parte, se ha posicionado en contra de las peticiones de libertad provisional solicitadas por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el 'exconseller' Joaquim Forn. El ministerio público así se lo ha trasladado al juez del Tribunal Supremo que instruye la causa por rebelión, Pablo Llarena, quien ya rechazó el pasado 4 de diciembre poner a libertad a Cuixart y a Forn tras sus primeras comparecencias.

Por otra parte, la fiscalía ha informado de que no pedirá a Llarena que reactive las órdenes de detención contra el 'expresident' Carles Puigdemont, los cuatro 'exconsellers' huidos y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y que "procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se haya dictado auto de procesamiento en la causa" contra estos seis investigados.

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