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CAUSA POR SEDICIÓN

El exdirector de los Mossos ordenó revisar las actas del 1-O

La jueza les considera a él y al número dos de Interior "correas de transmisión" de las órdenes del Govern

Pere Soler dio instrucciones a Trapero para que los agentes no impidieran "nada" que no fuera "delito"

Ángeles Vázquez

 El conseller de Interior, Joaquim Forn, y el director de los Mossos,Pere Soler.

 El conseller de Interior, Joaquim Forn, y el director de los Mossos,Pere Soler. / TONI ALBIR/EFE

El exdirector general de los Mossos d'Esquadra y el exnúmero dos del Departament d'Interior, Pere Soler y César Puig respectivamente, estaban en tierra nadie a la hora de investigar su responsabilidad en la inactividad demostrada por el cuerpo policial el 1-O. No estaban imputados como los miembros del Govern en el Tribunal Supremo ni hasta ahora con el mayor Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional, pese a que los informes de la Guardia Civil les atribuyen un importante papel en las órdenes que se impartieron a los agentes cara a permitir el referéndum ilegal.

El que era responsable político de los Mossos asumió este viernes ante la jueza Carmen Lamela la iniciativa de la revisión de las actas de los agentes que participaron en el dispositivo del 1-O, lo que, según fuentes jurídicas, solo tenía por objeto eludir imputaciones penales demostrando una actividad que no existió. Entre los papeles que se iban a destruir en la incineradora, la policía halló una treintena de documentos que habían sido manipulados. Por su parte, Puig se escudó en que su labor se limitaba a cuestiones técnicas y presupuestarias, sin mando sobre los agentes.

La magistrada les impuso comparecencias quincenales, prohibición de salir del país y retirada del pasaporte a ambos, que negaron dirigir operativos policiales o decidir cuántos agentes debían formarlos desde sus responsabilidades. La fiscalía había pedido para ellos fianzas de 100.000 euros, al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva ante la persistencia demostrada en seguir adelante con la vía unilateral, ante el intento de investir presidente de la Generalitat primero al huido Carles Puigdemont y luego a Jordi Sànchez, preso en la causa por rebelión del Tribunal Supremo.

La magistrada considera que imponerles fianza sería un agravio respecto a Trapero, que cuenta con medidas similares, pero en su resolución sitúa a Soler y Puig como "correa de transmisión" de las órdenes del Govern a los Mossos, dentro del plan para lograr la independencia de Catalunya, en la que incluso "se barajó" conferir al cuerpo "funciones de seguridad externa y de defensa". El auto señala que los Mossos no tenían un dispositivo adecuado para impedir el 1-O y ralentizaron a propósito la transmisión de órdenes; tampoco intervinieron ante agresiones a guardias civiles, obstaculizaron su actuación y llegaron a increparles y a enfrentarse a ellos y a agentes de la Policía.

Instrucciones precisas

La jueza cita en su resolución sin reproducirlos los correos electrónicos de Trapero adelantados por este diario. El 27 de septiembre, Soler le envió instrucciones, que contaban con el acuerdo del entonces 'conseller' de Interior Joaquim Forn, sobre cómo debían actuar los Mossos. Básicamente, decía que no podían "permitir" que se obligara a "impedir al cuerpo nada que en sí mismo" no fuera "delito", en referencia a votar el 1-O, porque, como Govern, de acuerdo con el mandato parlamentario recibido, se había decidido ejercer ese derecho. 

Además, proponía iniciar una campaña similar a la del 9-N, con el lema 'Jo acuso', para que los ciudadanos denunciaran en los juzgados que se les impedía votar, lo que, aunque se rechazara, serviría para llevar a la justicia europea la vulneración del derecho a decidir. Su "propuesta de actuación ante las instrucciones recibidas por los Mossos por parte de la Fiscalía" pasaba por denunciarla por prevaricación continuada. Ante la jueza, Soler sostuvo que se trataba de opiniones que compartió con Trapero y el Govern.

Órdenes que prevalecen

La Guardia Civil destacaba en su informe que el correo decía "literalmente" que "sus actuaciones 'no sirven tampoco para poder hacer entender a todos, y en especial a los mossos, por qué tendrán que prevalecer las órdenes gubernativas por encima de las que se darán por la fiscalía como policía judicial', dando por hecho que iban a prevalecer las de la Generalitat frente a las de autoridades judiciales".

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