Ir a contenido

DEBATE DE INVESTIDURA

Jordi Sànchez pide la libertad para poder ser investido el 12 de marzo

El candidato de Junts per Catalunya dirige sendos escritos al Constitucional y al Supremo para poder asistir presencialmente al pleno

La defensa advierte de que si se deniega la petición España podría ser condenada por la justicia europea

J. G. Albalat / Laura Puig

Jordi Sànchez, en una imagen de agosto del 2016. / FERRAN NADEU

Jordi Sànchez, en una imagen de agosto del 2016.
Escrito de Jordi Sànchez al Constitucional, donde revela la fecha del pleno de investidura.

/

Los escritos que la defensa de Jordi Sànchez ha presentado este martes ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo para solicitar su puesta en libertad condicional han desvelado la fecha del pleno de investidura minutos antes de que la anunciara el propio presidente del Parlament, Roger Torrent. Así, según sendos escritos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el debate tendrá lugar el próximo lunes, 12 de marzo. Instantes después, Torrent ha convocado oficialmente el pleno para el día 12 a las 10 horas.

En sus solicitudes a la justicia, Jordi Pina, el abogado de Sànchez reclama que "a la mayor brevedad posible" ambos tribunales se manifiesten sobre su petición de "inmediata libertad" para poder acudir al pleno de investidura. Y, en caso contrario, reclama que "se arbitren las medidas necesarias" para que el candidato de Junts per Catalunya "pueda acudir personalmente" al debate para poder "presentar su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara".

En su escrito advierte que en el caso de que no se acepte su solicitud "asistiríamos a un lamentable paso atrás en materia de protección de los derechos cívicos y políticos, que además situaría a España ante un posible riesgo de condana futura por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos".

Torrent propuso ayer lunes a Sànchez como candidato a la investidura tras una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios despues de la renuncia, la semana pasada, de Carles Puigdemont.

Las alegaciones

En su escrito al Supremo, Sànchez considera que su designación como candidato a la investidura "es razón de peso suficiente para solicitar de nuevo su puesta en libertad", una medida que garantizaría "no solo el pleno respeto a su presunción de inocencia, a sus derechos políticos y a los derechos de quienes le han elegico, sino también de preservar el normal funcionamiento de las instituciones catalanas y la plena legitimidad democrática del futuro Ejecutivo catalán".

Documento

Escrito de libertad presentado por Jordi Sànchez al Tribunal Supremo.

Escrito de libertad presentado por Jordi Sànchez al Tribunal Supremo

La defensa también rechaza que exista riesgo de reiteración delictiva y esgrime la "real voluntad de actuar políticamente de manera siempre pacífica y respetuosa con la legislación vigente", corroborada, añade, "no solo por sus declaracionesa ante el instructor, sino por sus propios actos". En concreto, el escrito señala que en los cuatro meses que lleva en prisión preventiva podría haber incitado, en "sobradas ocasiones", a la "comisión de actos violentos o tumultuarios (...) dando órdenes a terceros", algo que, recalca, no solo no ha ocurrido sino que en todas sus manifestaciones dirigidas a la opinión pública ha llamado a "preservar la paz social".

Otra prueba del respeto a la legalidad vigente y a las resoluciones del Tribunal Constitucional por parte tanto de Sànchez como de JxCat es, a juicio de la defensa, la de haber concurrido a las elecciones o la presentación de un candidato alternativo a Puigdemont a la presidencia de la Generalitat.

Comparación con Rovira

En su escrito, Jordi Pina también recuerda que el magistrado del Tribunal Supremo acordó la libertad condicional de Marta Rovira, a pesar de que se le atribuye "una responsabilidad política del mayor nivel". "¿Cómo justificar el mantenimiento en prisión de mi mandante, que solo era el líder de una asociación cívica?, se pregunta.

Por tales motivos, la defensa de Sànchez solicita al juez Pablo Llarena que otorgue a su defendido "el beneficio de la duda, máxime teniendo en cuetna que la instrucción se prevé larga".

En caso de que se deniegue la libertad condicional, el abogado del candidato a la investidura solicita que se le permita acudir al debate y recuerda el precedente de Juan Carlos Yoldi, diputado de Herri Batasuna al que se le concedió un permiso penitenciario para poder acudir al pleno de investidura del Parlamento vasco preservando así sus derechos políticos. En este sentido, la defensa de Sánchez señala que existen medidas de prevención del orden público que permiten hacer compatible la asistencia del dirigente independentistas en el parlamento con "la preservación de la paz social".