Hacienda indaga sobre los pagos de la Generalitat a empresas y periodistas afines

El Ministerio de Hacienda ha enviado un requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, para que remita un informe que detalle "la totalidad de los pagos efectuados por cualquier concepto" a empresas, personas y entidades afines al proceso independentista desde el 2015. El Gobierno reclama a la interventora que haga todo lo que sea necesario para recabar esa información aunque no tenga acceso directo a ella, en cuyo caso le insta a reclamarla a los órganos competentes. Y le ordena que le remita todos los datos antes del próximo lunes, 12 de marzo, a las 10.00 horas.

El requerimiento, avanzado por 'La Vanguardia', no se limita a reclamar el importe detallado de lo abonado, sino que también se exige "identificar a los funcionarios, empleados públicos o autoridades responsables de dichas actuaciones". En la lista de Hacienda aparecen numerosos medios de comunicación o empresas vinculadas a estos, como el grupo Mediapro y al diario 'Ara'. En este último caso, Hacienda también incluye en la lista los nombres de periodistas del rotativo como Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om o Xavier Bosch. De la misma manera, también figura la empresa Agrolimen, propiedad como el diario 'Ara' de la familia Carulla.

En el ámbito de la comunicación, la publicidad o la organización de eventos también aparecen Editorial Alpha, Trotemi SL y algunas empresas administradas por Oriol Soler, como Democratizing the Future Society SL, Dilema Comunicació, Ara Llibres, Contrapunt, Grup Cultura 03 y Sapiens Publicacions. En la lista se apunta en concreto a destacadas publicaciones, como la revista 'Sapiens', así como al periodista y editor Eduard Voltas, exdirector de 'Sapiens' y actual consejero delegado de la revista 'Time Out'.

La fundación de ERC

Hacienda también se interesa por siete empresas vinculadas a la Fundació Josep Irla, todas ellas con domicilio social en la sede nacional de ERC en la calle de Calàbria de Barcelona. En el punto de mira está también el Institut d'Estudis de l'Autogovern, al que se le solicitan los pagos con cargo a fondos públicos para "cada una de las becas, artículos y capítulos de libros", una treintena de seminarios multimedia y conferencias e incluso la concesión de un premio dotado con 20.000 euros para premiar estudios científicos sobre la autonomía política y el federalismo.

El Cesicat y el Diplocat son otros organismos de la Generalitat en los que pone el ojo el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, remitente del requerimiento, que aprovecha para reprochar a la interventora del Ejecutivo catalán que no le facilitase parte de la información solicitada en una notificación anterior. Por ello, vuelve a reclamarle que le detalle "la concesión de ayudas y/o subvenciones" entre el 2015 y el 2017 por parte de cualquier entidad pública a la ANC, Òmnium Cultural, la AMI, Súmate, Assemblea.cat y Procés Constituent, y a personas vinculadas a estas entidades, como Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Neus Lloveras, Antoni Carner o Alícia Casals.