El Gobierno investiga cómo se financia Puigdemont y avisa de que no habrá República en el exilio

El Gobierno admitió hace poco más de una semana, en una contestación por escrito a Ciudadanos, que no tenía información sobre cómo Carles Puigdemont financia su estancia en Bruselas. Y este viernes fuentes gubernamentales reconocieron que se está investigando este extremo y se mostraron confiadas en obtener pronto una respuesta. Mientras tanto, el Ejecutivo, que se apunta el tanto de que el líder de JxCat haya decidido dar un "paso al lado", advierte de que no permitirá que ni un euro público vaya a parar a los bolsillos del expresident o a sufragar la creación del llamado ‘Consell de la República’ en la capital europea.

Así lo reiteró este viernes el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que la creación de "estructuras paralelas" a la Generalitat en Bruselas, como pretende Puigdemont, es "imposible" y un ejercicio de "fantasmagoría". Frente a los miedos del Ejecutivo, el propio expresident aseguró en una entrevista en RAC1 que no gasta ni un “euro público” pero manifestó que pensará si en un futuro solicita la pensión como exjefe del Govern.

Puigdemont critica a Felipe VI y señala: "Una república no necesita rey"

Fuentes del equipo de Mariano Rajoy quitaron hierro a las amenazas de Puigdemont de que su retirada es “provisional”, mientras que sobre la opción de investir Jordi Sànchez, no gusta en la Moncloa pero, de momento y salvo cambio imprevisto de rumbo, se dejará en manos del juez la decisión de si el expresidente de la ANC puede abandonar la cárcel para acudir a la investidura.

Eso sí, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, remachó este viernes en la misma rueda de prensa que carece de “lógica y sentido común” que se pretenda que un encarcelado gobierne “a tiempo parcial” desde la cárcel, dando por hecho que Sànchez continuará en prisión mucho tiempo. Asimismo, Méndez de Vigo recalcó que el Gobierno “no consentirá” un nuevo intento de investidura no presencial, tras sugerir que las condiciones que puso el Constitucional a Puigdemont son válidas para el nuevo aspirante. Y es que la presencia o no de Sànchez en el Parlament dependerá de que el juez del Supremo Pablo Llarena le conceda un permiso penitenciario. Hasta ahora, el magistrado le ha negado en dos ocasiones esa autorización y solo le ha dejado delegar su voto.

Las resoluciones

El Gobierno estudió además los informes de la Abogacía del Estado sobre las resoluciones aprobadas el jueves por el Parlament, así como la admisión a trámite de la propuesta de la CUP de reafirmar la DUI, que finalmente no fue votada.  Y la conclusión de los servicios jurídicos del Estado es que son meras "declaraciones políticas" o "de voluntades", sin efectos jurídicos. De ahí que, “de momento”, el Gobierno no prevea impugnarlas. No comparte este criterio el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien pidió a Rajoy que recurra los primeros pasos de los secesionistas en el Parlament porque se “saltan” la Carta Magna.