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A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AFERS EXTERIORS

El Gobierno calcula que Romeva desvió 29 millones al 'procés'

La 'conselleria' tenía 64 millones de presupuesto y solo 35 están justificados como "gastos corrientes"

El Ministerio de Exteriores confía en tener finiquitados el Diplocat y la red en el extranjero el 15 de abril

Pilar Santos

Raül Romeva, el 28 de septiembre, días antes del referéndum del 1-O, en una rueda de prensa en Bruselas. 

Raül Romeva, el 28 de septiembre, días antes del referéndum del 1-O, en una rueda de prensa en Bruselas.  / FRANCOIS LENOIR (REUTERS / FRANÇOIS LENOIR)

El Gobierno de Mariano Rajoy calcula que la Generalitat, a través de la Conselleria d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, dedicó el año pasado 29 millones de euros a "actividades para internacionalizar el proceso independentista". Según fuentes oficiales, casi la mitad del presupuesto de ese departamento (que contó con 64 millones para 2017) fue a parar a la promoción de la soberanía de Catalunya en el extranjero. La documentación encontrada para justificar los "gastos corrientes" de la Conselleria por los funcionarios encargados de aplicar el artículo 155 solo alcanza hasta los 35 millones de euros, afirman esas fuentes.

El Tribunal de Cuentas ya está investigando este asunto, pero no ha informado de ninguna cifra concreta. El organismo fiscalizador acordó a finales de enero abrir un expediente para ver si ha habido desvío de dinero público entre los recursos asignados a acción exterior del Gobierno catalán entre los años 2011 y 2017. La Conselleria d'Afers Exteriors en concreto vio cómo su presupuesto crecía en una progresión contraria al mal estado de las cuentas catalanas: en 2011 recibió 12 millones y en 2015, 34. Cuando Romeva presentó el presupuesto en enero del año pasado dijo que la cifra era tan elevada (64 millones) porque necesitaba "asentar los pilares para convertirse en ministerio" en la futura república catalana. 

Fecha de cierre

El Diplocat, que nació en junio del 2013 para explicar en el extranjero que sus ciudadanos quieren decidir su futuro de manera "libre, pacífica y democrática", está a punto de desaparecer. Once de las llamadas embajadas (todas menos la de Bruselas) han sido cerradas ya y solo quedan algunos flecos en las de Polonia y Dinamarca. En un principio los altos cargos de la conselleria no colaboraron en el proceso de clausura y el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, envió al embajador Juan Fernández Trigo y a dos funcionarios a hacer esa tarea.

La fecha tope para "finiquitar" el Diplocat y las oficinas de representación en el extranjero es el 15 de abril. Y aunque haya un nuevo president, aseguran fuentes oficiales, ese cierre llegará porque ya está todo activado. No obstante, admiten que, si la voluntad de la nueva Generalitat es volver a desarrollar una red en el exterior, el Ejecutivo volverá a presentar recursos (como ya hizo cuando se abrieron las delegaciones).

La sede de Diagonal: 4.900 euros al mes

Los responsables de aplicar el 155 se han encontrado con problemas con algunos contratos de alquiler realizados por la Administración catalana en el extranjero porque no contaban con clásulas garantistas en caso de extinción del pacto. Es lo que ha ocurrido, según fuentes oficiales, y esos responsables han tenido que negociar las indemnizaciones por romper el contrato de alquiler, en ocasiones por cuantías muy elevadas que no quisieron concretar. También se abandonará antes del 15 de abril la sede de Diplocat en la Diagonal, que tiene 230 metros cuadrados y un coste de 4.900 euros al mes. 

"Presiones" a los cónsules

Fuentes oficiales explicaron este viernes que entre los cónsules que están destinados a Barcelona existe bastante preocupación por las "presiones" que han recibido en los últimos meses por la Generalitat de Puigdemont para que escenificaran de alguna manera su apoyo al procés. En concreto se refirieron a la participación en reuniones y a que se hicieran fotos con la estelada. Esa información ha llegado al Ejecutivo español en una reunión entre altos cargos del Ministerio de Exteriores y los diplomáticos celebrada el 22 de febrero en Barcelona. En total, desde la aplicación del 155 a finales de octubre, el departamento ha celebrado al menos cuatro encuentros con personal acreditado en España para hablar sobre la intervención. 

Esas fuentes también quisieron dejar claro que el ministerio advirtió en varias ocasiones desde noviembre a la Embajada de Finlandia sobre el comportamiento poco "ejemplar" de su cónsul honorario en Barcelona, Albert Ginjaume. La embajadora incluso fue convocada para abordar el asunto. El afectado fue destituido esta semana a petición del Gobierno español por ejercer "actividades inadecuadas" para ese puesto "que están relacionadas con la situación política que vive Catalunya". 

La delegación en Bruselas, sin cabeza visible desde el 24 de enero

La delegación de la Generalitat en Bruselas, la única oficina en el extranjero que sigue abierta, está en estos momentos funcionando sin ninguna cabeza visible después de que el delegado, Amadeu Altafaj, fuera destituido con el 155 y su segunda, Inma Buldú, cogiera la baja médica.

Según fuentes oficiales, Buldú la solicitó el 24 de enero por la tarde después de pasar varias horas de tensión por la anunciada reunión entre Carles Puigdemont y el presidente de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, en una sala de la delegación. El Gobierno central ordenó desconvocarla y avisar a la prensa pero, al temer que esa advertencia llegara tarde, decidió cerrar el edificio.

El equipo de Torrent había convocado a la prensa la víspera pasadas las diez de la noche. De madrugada, Buldú no informó al Ministerio de Exteriores como debería haber hecho, según fuentes oficiales. 

En estos momentos la sede consta de dos plantas más una planta baja y nueve plazas de garaje. En la delegación trabajan 35 personas, que se distribuyen por casi 2.400 metros cuadrados (según contó la prensa cuando se abrió). Por ese espacio (más grande que la Embajada de España ante Bélgica) se pagan 900.000 euros al año.