El Gobierno calcula que Romeva desvió 29 millones al 'procés'

El Gobierno de Mariano Rajoy calcula que la Generalitat, a través de la Conselleria d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, dedicó el año pasado 29 millones de euros a "actividades para internacionalizar el proceso independentista". Según fuentes oficiales, casi la mitad del presupuesto de ese departamento (que contó con 64 millones para 2017) fue a parar a la promoción de la soberanía de Catalunya en el extranjero. La documentación encontrada para justificar los "gastos corrientes" de la Conselleria por los funcionarios encargados de aplicar el artículo 155 solo alcanza hasta los 35 millones de euros, afirman esas fuentes.

El Tribunal de Cuentas ya está investigando este asunto, pero no ha informado de ninguna cifra concreta. El organismo fiscalizador acordó a finales de enero abrir un expediente para ver si ha habido desvío de dinero público entre los recursos asignados a acción exterior del Gobierno catalán entre los años 2011 y 2017. La Conselleria d'Afers Exteriors en concreto vio cómo su presupuesto crecía en una progresión contraria al mal estado de las cuentas catalanas: en 2011 recibió 12 millones y en 2015, 34. Cuando Romeva presentó el presupuesto en enero del año pasado dijo que la cifra era tan elevada (64 millones) porque necesitaba "asentar los pilares para convertirse en ministerio" en la futura república catalana. 

Fecha de cierre

El Diplocat, que nació en junio del 2013 para explicar en el extranjero que sus ciudadanos quieren decidir su futuro de manera "libre, pacífica y democrática", está a punto de desaparecer. Once de las llamadas embajadas (todas menos la de Bruselas) han sido cerradas ya y solo quedan algunos flecos en las de Polonia y Dinamarca. En un principio los altos cargos de la conselleria no colaboraron en el proceso de clausura y el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, envió al embajador Juan Fernández Trigo y a dos funcionarios a hacer esa tarea.

La fecha tope para "finiquitar" el Diplocat y las oficinas de representación en el extranjero es el 15 de abril. Y aunque haya un nuevo president, aseguran fuentes oficiales, ese cierre llegará porque ya está todo activado. No obstante, admiten que, si la voluntad de la nueva Generalitat es volver a desarrollar una red en el exterior, el Ejecutivo volverá a presentar recursos (como ya hizo cuando se abrieron las delegaciones).

La sede de Diagonal: 4.900 euros al mes

Los responsables de aplicar el 155 se han encontrado con problemas con algunos contratos de alquiler realizados por la Administración catalana en el extranjero porque no contaban con clásulas garantistas en caso de extinción del pacto. Es lo que ha ocurrido, según fuentes oficiales, y esos responsables han tenido que negociar las indemnizaciones por romper el contrato de alquiler, en ocasiones por cuantías muy elevadas que no quisieron concretar. También se abandonará antes del 15 de abril la sede de Diplocat en la Diagonal, que tiene 230 metros cuadrados y un coste de 4.900 euros al mes. 

"Presiones" a los cónsules

Fuentes oficiales explicaron este viernes que entre los cónsules que están destinados a Barcelona existe bastante preocupación por las "presiones" que han recibido en los últimos meses por la Generalitat de Puigdemont para que escenificaran de alguna manera su apoyo al procés. En concreto se refirieron a la participación en reuniones y a que se hicieran fotos con la estelada. Esa información ha llegado al Ejecutivo español en una reunión entre altos cargos del Ministerio de Exteriores y los diplomáticos celebrada el 22 de febrero en Barcelona. En total, desde la aplicación del 155 a finales de octubre, el departamento ha celebrado al menos cuatro encuentros con personal acreditado en España para hablar sobre la intervención. 

Esas fuentes también quisieron dejar claro que el ministerio advirtió en varias ocasiones desde noviembre a la Embajada de Finlandia sobre el comportamiento poco "ejemplar" de su cónsul honorario en Barcelona, Albert Ginjaume. La embajadora incluso fue convocada para abordar el asunto. El afectado fue destituido esta semana a petición del Gobierno español por ejercer "actividades inadecuadas" para ese puesto "que están relacionadas con la situación política que vive Catalunya".