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BARRIDO

Buscar 'micros' en el despacho de Forcadell

Trapero fue informado de que se iba a hacer un barrido en las dependencias en las que trabajaba la presidenta del Parlament

El exjefe de los Mossos reclamó información interna para confirmar si se daba protección a 'Las Martas', 'Los Jordis' y Vendrell

G. Robles

Carme Forcadell, en el pleno del Parlament en el que se aprobó la DUI.

Carme Forcadell, en el pleno del Parlament en el que se aprobó la DUI. / ALBERTO ESTÉVEZ (EFE)

El 3 de agosto de 2017 el exmayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, fue informado de que tres días después se iba a realizar por parte de la policía autonómica una inspección del despacho de la entonces presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, para realizar una búsqueda de "medios técnicos". O lo que es lo mismo, para ver si tenía instalados micros. Quien se lo comunicaba era el comisario Rafel Comes, de la Comisaría General de Investigación Criminal, que especificaba en un mail que se iba a proceder igualmente con el secretario general de la Cámara, Xavier Muro.

El encargo había sido hecho por el jefe del Área de Escoltas de la policía autonómica y Comes añadía en la comunicación a su jefe un "ja informarem del resultat…." (ya informaremos del resultado). El 4 de agosto Trapero daba confirmación al mensaje informativo que había recibido sobre este asunto el día anterior. Así se desprende del análisis de los mails del exmayor de los Mossos que ha realizado la Guardia Civil en un informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que le ha sido entregado hace unos días a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Los autores de este informe policial subrayan que en aquellas fechas, Forcadell, imputada en el Supremo por un posible delito de rebelión, estaba siendo investigada por la Benemérita por posibles delitos de desobediencia, prevaricación, sedición, malversación de caudales públicos y revelación de secretos, en el marco de las diligencias incoadas desde el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Preguntas sobre protección a políticos

A raíz del volcado autorizado desde la Audiencia de los mails de Trapero se sabe también, según ha dejado patente la Guardia Civil en su análisis de los correos, que el 2 de agosto el exjefe de la policía autonómica catalana le preguntó a Ferran López como responsable de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial si se estaba dando protección o realizando algún tipo de control –y de ser así en qué consistía- a una serie de políticos y personalidades ligadas al independentismo.

Concretamente Trapero preguntaba por Marta Rovira, la secretaria general de ERC; Marta Pascal, coordinador general del PDeCAT; Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium Cultural respectivamente, y Xavier Vendrell, exconseller, miembro de ERC y empresario, de quien los investigadores recuerdan en su informe sus antecedentes por pertenencia a banda armada, a Terra Lliure.

El Enfocat y la incógnita Vendrell

En el citado informe se subraya que sería "muy significativo" que se hubiera dado protección por parte de los Mossos a personas que se consideran integradas en el "comité estratégico" del proceso independentista, según la ruta marcada en el documento Enfocat intervenido en los registros del 20 de septiembre en la oficina de Josep Maria Jové, y que supuestamente tenían encomendado diseñar el camino hacia la celebración del 1-O en primer lugar y después hacia la secesión.

En este contexto se devela que Vendrell se considera persona "involucrada" en el proceso independentista y que "podría formar parte" de este comité estratégico. De hecho se recalca que es de quién resultaría menos entendible a priori que hubiera recibido protección de los Mossos, así como de Sánchez y Cuixart por ser jefes de asociaciones civiles, pudiendo darse algún "pretexto" para explicar el posible brindaje a dos diputadas del Parlament.  

Era conocido ya por informes previos de la Policía Judicial, entregados en distintos juzgados -13 de Barcelona y Audiencia Nacional- que existen indicios claros de que los Mossos ofrecieron protección a algunos de los organizadores del referéndum del 1-O. La información provenía concretamente de grabaciones de llamadas telefónicas intervenidas a algunos de los investigados en distintas causas.  

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