El jefe de los Mossos niega que el 1-O hubiera "cargas policiales"

El actual jefe de los Mossos, Ferran López, defendió este lunes ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena la actuación del cuerpo policial el 1-O, pero también la de Guardia Civil y la Policía Nacional. A una pregunta de la defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras sobre "cargas policiales", precisó que él nunca había dicho que lo ocurrido en los colegios fuera eso y lo calificó de "desalojos de lugares".

Según fuentes jurídicas, se remitió al criterio de proporcionalidad esgrimido por el mayor Josep Lluís Trapero a la hora de cerrar los centros electorales, a los que acudió una pareja de agentes. Admitió que el dispositivo desplegado no era suficiente ante el número de votantes, pero insistió en que el coordinador, el coronel Diego Pérez de los Cobos, nunca puso pegas al dispuesto por los Mossos.

El correo de Trapero revela que los Mossos permitieron el 1-O

El último informe entregado en la Audiencia Nacional, elaborado a partir de los correos electrónicos de Trapero, llega a la conclusión de que los agentes permitieron la consulta ilegal. Durante la declaración, los fiscales Fidel Cadena y Consuelo Madrigal anunciaron que lo incorporarán al procedimiento que se sigue por rebelión, sedición y malversación.

También comparecieron este lunes en el Supremo los comisarios Joan Carles Molinero y Emili Quevedo. Este martes lo harán Manuel Castellví y otros dos mandos de la policía autonómica.

Los cuatro estuvieron en las reuniones solicitadas por los Mossos, cara al 1-O, del 26 y 28 de septiembre con el Govern. En ellas Trapero pidió al entonces presidente, Carles Puigdemont, que suspendiera el referéndum por los problemas de seguridad ciudadana que planteaba llamar a votar en una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Según Quevedo, pese a estas advertencias, el 'expresident', delante del ahora 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, dijo que seguiría adelante para cumplir el mandato electoral. 

Incineración cada cuatro meses

Los comisarios explicaron que cada cuatro meses llevan documentación, ya escaneada, a destruir a la incineradora de Sant Adrià del Besòs. Apuntaron a que solo seis cajas de las intervenidas el pasado 26 de octubre por orden de la magistrada Carmen Lamela se referían al 1-O, pero negaron que entre ellas hubiera seguimientos a políticos.

En cuanto a avisar de la presencial policial de otros cuerpos, indicaron que era lo habitual y justificaron la compra de armas, paralizada por Interior, señalando que iba a ser destinada a fines antiterroristas.