PROTESTA POR LOS POLÍTICOS PRESOS
Los detenidos por la protesta ante el TSJC denuncian trato "vejatorio" de los Mossos
Su defensa asegura que fueron "esposados a oscuras y cerrados dentro de furgones policiales durante unos 90 minutos"
Antidisturbios de los Mossos empiezan a desalojar a los concentrados delante del Palau de Justícia, ayer.
Por qué confiar en El Periódico Los detenidos durante el desalojo de la concentración de decenas de activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) a las puertas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han denunciado este domingo tratos "vejatorios" y "abuso policial" de los Mossos d'Esquadra.
Su defensa, liderada por el colectivo Alerta Solidària, ha asegurado que los 14 detenidos, entre ellos un menor de edad, fueron "esposados a oscuras y cerrados dentro de furgones policiales" de la policía autonómica "durante aproximadamente 90 minutos".
Además, argumentan que permanecieron hasta 24 horas en los calabozos de la comisaría de Les Corts a la espera de pasar a disposición judicial, algo que ven "contrario al derecho y, por lo tanto, un abuso policial". Consideran que las personas detenidas fueron seleccionadas "aleatoriamente" y que los arrestos fueron "del todo innecesarios" porque la "identificación" de los manifestantes durante la protesta es "suficiente" para futuras imputaciones de delitos.
"Encarar la protesta pacífica y legítima, de evidente carácter simbólico, como ha sido la acción a las puertas del TSJC, con el abuso policial como norma representaría el equivalente represivo catalán a la respuesta demofóbica del Estado", argumentan.
La manifestación, organizada en el paseo de Lluís Companys de Barcelona, pretendía denunciar la "represión del Estado" y exigir la excarcelación de los políticos presos. Se inició a las ocho de la mañana, cuando los manifestantes bloquearon el acceso a la corte exhibiendo desde la escalinata pancartas con los mensajes "Es la hora del pueblo" y "23-F, paremos el golpe de Estado", coincidiendo con el aniversario del intento de golpe de Estado de 1981. Algunos de ellos se encadenaron para evitar el acceso al recinto.
Los arrestados se acogieron a su derecho a no declarar y la magistrada del juzgado de Instrucción 31 de Barcelona acordó su libertad provisional, aunque la causa sigue abierta por los delitos de resistencia y desórdenes públicos. A dos de ellos también les imputa un delito de atentado a la autoridad.
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