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LAS ALTERNATIVAS DE LOS POPULARES A LA INMERSIÓN

Galicia, Baleares y Valencia, los campos de pruebas de la política lingüística del PP para Catalunya

El número de niños que hablan en gallego ha caído más de un 10% desde que Feijóo desmontó el modelo que garantizaba que la mitad de las horas lectivas se dieran en esa lengua

Camps redujo la promoción del valenciano en las aulas al mínimo de una asignatura impartida obligatoriamente en ese idioma

Juan Oliver

Galicia, Baleares y Valencia, los campos de pruebas de la política lingüística del PP para Catalunya

ALBERT BERTRAN

El Partido Popular no cuenta con una estrategia única de política lingüística en materia educativa. Así se deduce, al menos, de las diferentes políticas que ha aplicado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales en las que ha gobernado. Especialmente en Galicia, donde se mantiene en el poder desde hace casi nueve años, pero también en Baleares y en la Comunitat Valenciana, donde lo perdió en las autonómicas del 2015. Las tres han sido el campo de pruebas del modelo que pretende aplicar ahora en Catalunya.

Galicia

El número de hablantes en gallego ha caído más de un 10% entre los menores de 14 años desde que se aplica el modelo lingüístico del PP y más de un 6% en la población total, según un estudio de la Real Academia Galega publicado la semana pasada que advierte de las consecuencias de no revertir en origen la debilidad del gallego frente al castellano.

Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones del 2009 prometiendo que desmontaría el  proyecto del PSOE y el Bloque Nacionalista Galego que garantizaba que al menos la mitad de las horas lectivas en Infantil y Primaria se impartía en gallego. Feijóo aplicó su programa eliminándolo de la docencia en materias relevantes como matemáticas e instaurando consultas vinculantes a los padres para que los centros priorizaran una de las dos lenguas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló ese apartado de la ley, y también el que obligaba a los profesores a permitir que un alumno se expresara en castellano en clases impartida en gallego.

La Xunta asegura que pretende el equilibrio lingüístico, pero su modelo ha agrandado la brecha entre escuelas urbanas y rurales. Según la Mesa Pola Normalización Lingüística, solo un 20% de los colegios de las ciudades de más de 50.000 habitantes imparten la mitad de las horas en cada lengua, y un 73% lo hace solo o mayoritariamente en castellano. En las de menos de 50.000, más de un 45% de los centros emplean mayoritariamente el gallego, porcentaje que se eleva al 64% en las localidades de menos de 5.000 habitantes.

Baleares

El Ejecutivo de José Ramón Bauzá, que sustituyó al del socialista Francesc Antich, también desmontó el modelo de inmersión lingüística parcial en catalán que habían construido los gobiernos anteriores, incluidos los del PP, y que hasta entonces habían contribuido a fomentar el uso de ese idioma sin provocar tensiones sociales de calado.

En el año 2012, Bauzá aplicó la libre elección de lengua vehicular en varios centenares de colegios que agrupaban a 50.000 de los 160.000 alumnos de Infantil y del primer ciclo de Primaria. En el 2013, su Gobierno aprobó el decreto de Tratamiento Integral de Lenguas, que preveía que un tercio de las horas lectivas de las materias no lingüísticas –es decir, todas salvo lengua española, lengua catalana e inglés– se impartieran en español y otro tanto en catalán y en inglés, dejando un 10% de las horas a elección de cada centro.

La política lingüística impuesta por el Partido Popular en la enseñanza balear entre el 2013 y el 2015 también incluyó ceses y sanciones económicas para los directores de los colegios cuyos claustros escolares se habían negado a aplicarla, en una "purga" que la Federación de Padres y Madres de Alumnos consideró entonces "un despropósito".

Comunitat Valenciana

Los gobiernos populares que rigieron la Generalitat valenciana entre 1995 y el 2015 apenas aprovecharon la capacidad de fomento del uso de la lengua cooficial que les proporcionaba la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià, aprobada en 1983 bajo mandato del socialista Joan Lerma y que pretendía acabar con la discriminación lingüística y garantizar la cohabitación de los dos idiomas en condiciones de igualdad.

En aplicación de esa norma, y hasta el año 2012, el currículo escolar de la comunidad garantizaba que al menos dos materias no lingüísticas de los ciclos de formación no universitaria debían de impartirse en valenciano, pero en ese curso el Gobierno de Francisco Camps acotó aún más el reducido marco de promoción del idioma autonómico en las aulas. El mínimo de asignaturas en valenciano se redujo a uno mediante un decreto que la comunidad escolar recibió con protestas por la celeridad e imprevisión con las que fue aplicado en la mayoría de centros.

Cinco años antes, Camps había dejado su particular impronta en el sistema educativo  implantando el inglés como lengua vehicular de educación para la ciudadanía, la nueva asignatura incluida en la reforma  de la enseñanza impulsada desde Madrid por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

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