ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE JUSTICIA
Catalá: "La tolerancia del Ayuntamiento de BCN genera más narcopisos"
El ministro de Justicia arremete contra la gestión en vivienda de Colau
–La polémica retirada de una obra en ARCO, penas de prisión para un rapero, expresiones en tuits en los juzgados... ¿Cree que la libertad de expresión en España no goza de buena salud o está en peligro?
–No lo creo. En España las libertades están garantizadas por las leyes, por la acción cotidiana de los tribunales que tutelan los derechos, y por nuestro ejercicio de convivencia democrática. Ahora bien, cuando conocemos casos concretos en los que se prohíbe la difusión de un libro es porque un juez considera que con su distribución podía hacer daño a la honorabilidad de una persona. Ninguno de los derechos son absolutos, sino que conviven con otros. Uno no puede insultar, injuriar y calumniar. Para el rapero no se ha dictado una sentencia por ser cantante, sino porque ha dicho que quería ver al rey Borbón con una soga o un autobús con nitroglicerina y el PP dentro. Una persona tiene derecho a la libertad de expresión y a cantar, pero yo, que a mí sí me está insultando, ¿no tengo derecho a la protección de mi honor? La justicia es la que compara esos derechos y decide.
–¿España es corrupta?
–España no es corrupta. No es un país de corruptos. Si tomamos los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado, los casos vinculados a la corrupción están por debajo del 1% del total de los delitos en general. Y aún así son muchos, pero el número es pequeño. Tienen mucha repercusión social, pero cuantitativamente no es una cifra elevada. Hemos hecho reformas, por ejemplo, para que la financiación de los partidos sea transparente y para que quien comete un delito de corrupción tenga una pena dura y devuelva hasta el último euro de lo robado.
"Si tomamos los datos de la fiscalía, los casos de corrupción están por debajo del 1% de los delitos"
–La justicia está investigando o juzgando asuntos de corrupción en las filas del PP. ¿Cómo afronta su partido esta situación?
–Hay casos que afectan a personas que militaban en diferentes partidos. Nosotros tenemos un compromiso absoluto con la lucha contra la corrupción. Las personas que han cometido estos delitos han sido expulsadas del PP y estamos colaborando con la justicia para que impongan las sanciones que corresponda y nunca vuelvan a cometerse estos hechos que nos avergüenzan a todos y que trataremos que no se produzcan nunca más. Es una lacra y un atentado contra la democracia.
–En Barcelona ha surgido el problema de los narcopisos. Hay quien pide una reforma de la ley porque es difícil de actuar. Este diario ha podido constatar que entre los propietarios hay bancos, el ayuntamiento o inmobiliarias. ¿Se puede hacer algo?
–Se pueden hacer muchas cosas desde la gestión pública y no siempre es necesario cambiar las leyes. Hay muchos niveles de intervención. La administración municipal tiene unas competencias y la autonómica, otras. Cuando se consienten determinados comportamientos, cuando se alientan a determinados grupos sociales e, incluso, se les favorece, a veces la situación se te acaba yendo de las manos. La acción que el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido ha sido generadora de un incremento del problema. Cuando se tiene cierta tolerancia con la ocupación de una vivienda vacía porque eso parece que eso un derecho social, pues lamentablemente en algunos casos acaba degenerando en espacios donde se cometen delitos y donde el resto de vecinos sufren incomodidades y se violentan sus derechos. Eso es un nivel de intervención de la administración local, que tiene su policía municipal, su inspección y su capacidad de impedir que esas cosas pasen, y también de la autonómica.
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