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ENTREVISTA AL MINISTRO DE JUSTICIA

Rafael Catalá: "Es vergonzoso que Puigdemont haya huido de su responsabilidad"

Considera que el dirigente independentista no puede ser presidente de la Generalitat desde Bruselas por sentido común y porque es ilegal

Asegura que las fuerzas de seguridad del Estado tuvieron que usar la fuerza en el 1-O porque se quería impedir la acción de los tribunales

J. G. Albalat

CAMILA TOVAR TRUJILLO/ FOTO ALBERT BERTRAN

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, estuvo el viernes en Barcelona para participar en la festividad de los abogados de la capital catalana. En el acto central escuchó cómo el presidente del Parlament, Roger Torrent, hablaba de "presos políticos".

–La situación política en Catalunya es complicada. ¿Cuál es la solución?

–Las soluciones a los problemas en una sociedad democrática siempre están en la ley. Qué las instituciones funcionen, que cada uno ejerza sus competencias y se fomente el diálogo y la colaboración. Todo eso en un contexto democrático, con las discrepancias políticas propias.

–¿Es posible un diálogo con el futuro gobierno de Catalunya?

–No solo es posible, es obligatorio y necesario. El gobierno que se forme en Catalunya tiene que negociar y trabajar conjuntamente con el de España. Tiene que hablar de financiación, del desarrollo de la sanidad, de la educación. El modelo autonómico es de  colaboración.

–¿Sin condiciones previas?

–Diálogo sin condiciones dentro de la ley y de la Constitución. Es un marco amplio y flexible que ha permitido 40 años de convivencia. Lo anormal es lo que ha sucedido en los últimos tiempos donde parecería que los más radicales han contaminado los enfoques políticos desde Catalunya hacia el resto de España.

"Aquellos que más reivindican la libertad son los que están violentando los derechos de una mayoría social"

–¿En Catalunya se ha roto la convivencia?

–Mi percepción es de un conflicto social grave, intenso. Es un conflicto social muy dirigido de unos hacia otros. No conozco a ningún constitucionalista que agreda, amenace o coaccione a un independentista y he conocido muchos casos de independentistas que sí lo han hecho hacia los constitucionalistas.

–¿Cómo califica estas acciones?

–Algunas de son delictivas y, en todo caso, son profundamente antidemocráticas. Aquellos que más reivindican la libertad son los que están violentando los derechos de una amplísima mayoría de la sociedad.

–¿Es conveniente la reforma de la Constitución para un mejor encaje en ella  de Catalunya?

–No sé hoy qué se ha de reformar en la Constitución. Manteniendo los pilares del modelo constitucional de igualdad todos españoles, la unidad de España, la soberanía nacional, que nos pertenece a todos y no a unos pocos, se puede hablar de todo. Cuando quieres hacer una obra de reforma y te cargas los pilares del edificio este se te viene abajo. Nosotros nunca vamos a estar en eso.

–¿El movimiento independentista ha menospreciado el poder el Estado?

–Cuando van a declarar ante los jueces, algunos hablan de que era una independencia virtual. No sé si por estrategia procesal o por convencimiento han puesto de manifiesto algo distinto de lo que decían hace unos meses. Por lo tanto, no sé cuándo no dicen la verdad, si ahora o antes. Parece que no creían lo que decían. Una cosa es el debate político, natural de una sociedad democrática y viva, y otra es cometer delitos. Cuando se comenten delitos se traspasa una frontera que no tiene marcha atrás, porque a partir de ahí empieza a funcionar la justicia y eso no hay quien lo pare.

–¿La justicia es independiente?

–Es independiente, profesional y cualificada. Es paradójico que quienes tienen ese discurso político profundamente antidemocrático luego acuden a la justicia para impugnar posiciones, como ante el Tribunal Constitucional o los juzgados ordinarios. ¿Cómo las personas, instituciones o partidos que han protagonizado cuatro décadas de desarrollo democrático y armónico,  ahora han descubierto de repente  que España no es democrática y la justicia no es independiente? ¿Antes sí lo era? Ahí hay contradicciones flagrantes.

–Carles Puigdemont y la diputada Anna Gabriel han huido al extranjero. ¿Acabarán entre rejas?

–Los ciudadanos tenemos la obligación de comparecer ante la justicia cuando nos cita y si ocupamos una posición institucional, con mayor motivo. Cuando una persona que ocupa un alto cargo institucional, como presidente de la Generalitat o diputado es citado por la justicia y lo que hace es huir e  intenta encontrar todos los tejemanejes que hagan difícil su retorno, está ante una circunstancia de escasa ética personal. Es vergonzoso huir de tus responsabilidades en la vida. Están haciendo daño a sus compañeros que están en prisión por un riesgo de fuga acreditado a otros fugados.

–¿Puigdemont puede ser presidente de la Generalitat desde Bruselas?

–Eso es inimaginable, pero no solo por un tema jurídico, sino por sentido común. ¿Cómo puede ser presidente alguien que no está cada lunes en el despacho? ¿Es que los catalanes han votado a un parlamento y a un gobierno para que los asuntos se lleven a distancia o por videoconferencia? Además, es imposible porque la investidura es presencial.

–¿Hay presos políticos en España?

–Se está haciendo un gravísimo daño a la democracia y a la sociedad cuando alguien dice este tipo de cosas. Porque eso significa que en España se puede perder la libertad por opinar distinto y no es así. No hay presos políticos, sino que puede haber políticos que cometen delitos y políticos presos.

–¿Es conveniente alargar el artículo 155 de la Constitución?

–La aplicación de ese artículo es un mecanismo extraordinario. Se pretendió garantizar los derechos de los catalanes, que no se pare la Administración y promover un proceso electoral. En cuanto se constituya un gobierno que cumpla con sus obligaciones estatutarias y constitucionales, el 155 dejará de estar en vigor.

"Una cosa es el debate político, natural de una democracia, y otra es cometer delitos"

–¿Aunque sea un gobierno independentista?

–Sí es un gobierno independentista que aplica las leyes y trabaja en términos democráticos, no habrá problema. 

–¿Tiene alguna opinión sobre el encarcelamiento de dirigentes independentistas y exmiembros del Gobierno catalán?

–Los autos dictados por el juez Pablo Llarena son de calidad jurídica y aplican la ley. Cuando se priva a unas personas de la libertad es porque hay causas muy justificadas y  muy importantes.

–¿Las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron una fuerza excesiva durante  el  1-O?

–En el 1-O hubieron actos encaminados a impedir la acción de los tribunales. Eso las fuerzas de seguridad no pueden permitirlo y tienen que usar la fuerza medida y proporcionada. Si hay casos puntuales de exceso, se aclarará. He visto actuaciones de los Mossos en los que también han hecho bien en usar la fuerza para defender los derechos de la mayoría.

–La cúpula judicial catalana abandonó un acto en el que usted estaba por las palabras del presidente del Parlament, Roger Torrent. ¿Qué opina?

–El presidente del Parlament se equivocó profundamente porque no era un foro para hacer política, era un foro profesional. 

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